Recurren el archivo del caso del espionaje político de los Mossos

 

El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha archivado las querellas presentadas por un presunto espionaje político por parte de los Mossos d'Esquadra a sindicalistas, periodistas y abogados al rechazar que las investigaciones se hicieran por "motivos de carácter político", según un auto.

Este juzgado aglutinó varias querellas presentadas por el abogado José María Fuster-Fabra en su propio nombre y en el de otros afectados, después de que se hicieran públicos informes de la Comisaría de Información de los Mossos que se iban a quemar en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), cuando fueron interceptados en una operación de la Policía Nacional, según publica la edición digital de 'La Vanguardia'.

Tras tomar declaración al comisario jefe de la comisaría general de Información de los Mossos d'Esquadra, Manel Castellví, durante dos sesiones, y analizar un informe de la Fiscalía, el juzgado ha acordado el sobreseimiento libre, una decisión que ya ha sido recurrida por el abogado.

El juzgado considera que sí se recabaron informaciones y se hicieron investigaciones sobre estas personas y que "todas ellas buscaban una finalidad concreta, cual la de obtener el máximo de información esencial de toda policía sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden público o devenir víctimas de estos incidentes".

"La previsión legal de la investigación y las razones que la justifican excluye que se trate de una decisión arbitraria. No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público, y, por lo trato, no son una desviación de poder", argumenta el juzgado.

El juzgado precisa que, como en toda actuación policial, unas han dado lugar a diligencias judiciales o están relacionadas con ellas, y otras no han concluido en datos relevantes para ninguna continuación, pero "no consta ni se ha alegado en ninguna denuncia o querella, ni ha sido objeto de preguntas al comisario jefe, la posibilidad de que los datos obtenidos en las actuaciones han sido utilizadas para algún fin político".

INFORMACIÓN LEGAL

El magistrado destaca en su decisión que toda la información recabada por los Mossos "se ha obtenido con medios legales": no existe ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se han intervenido teléfonos, no se ha interceptado correspondencia ni entrado en ningún domicilio.

Asimismo, añade que ninguno de los datos que constan en la documentación y que se refieren a los querellantes y denunciantes, "afecta a la vida íntima; se trata de datos que guardan relación con la vida privada o con la misma vida pública, fácilmente obtenibles en la llamada información abierta".

EL ARCHIVO SE RECURRIRÁ

La veintena de personas que se han querellado contra los Mossos d'Esquadra por ser víctimas de un presunto espionaje han recurrido el archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona al considerar que el cuerpo investiga "con fines políticos" a personas cuyo único nexo es que son constitucionalistas.

En un recurso que firma el abogado José María Fuster-Fabra, como afectado y también como representante del resto de implicados, se sostiene que "se han tratado de alterar derechos tan fundamentales como el derecho de defensa, el derecho a la información, el derecho a la libre circulación sin ser vigilado, observado y espiado".

"Todo esto se ha hecho desde el seno de un cuerpo policial, utilizando recursos públicos y al margen de la autoridad judicial", por lo que pide que estos hechos que califica de gravísimos sean investigados hasta las últimas consecuencias, y que se cite a declarar como investigados a los agentes que hicieron estos informes.

El abogado constata una "extralimitación realizada únicamente con fines políticos, usando caudales públicos y violando los derechos de los ciudadanos, actuando con clara vulneración de la independencia y neutralidad política e imparcialidad" de los Mossos.

Además, advierte de que archivar definitivamente el caso en el juzgado supondría "dar carta blanca, carta de naturaleza" a que en el futuro pudieran realizarse situaciones similares a personas de diversos ámbitos que defienden el orden constitucional.

Entre los querellantes están el exlíder de SCC José Ramón Bosch, los sindicalistas de Mossos David José y David Miquel; el detective Julián Ángel Peribañez; los políticos de Cs David Heredia y Sergio Santamaría, y el periodista de Antena 3 Albert Castillón, entre otros, que denunciaron al juzgado sus seguimientos al hacerse públicos informes tras la intervención de documentación a Mossos que iban a quemar en una planta recicladora.