Un informe de la Guardia Civil confirma que el plan fiscal de Torra quería financiar la independencia
La Generalitat argumentó que este programa serviría para facilitar y dotar de mayor eficacia a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales de ayuntamientos y empresas de la comunidad autónoma catalana.
Un nuevo informe de la Guardia Civil desvela que el plan fiscal que preparaba el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a través del programa de homegeización tributaria de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para recaudar impuestos del Estado, pretende crear posteriormente un Hacienda catalana que financie la independencia.
Este plan fue anulado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora Torra pretendía reactivarlo, con el fin de recaudar inicialmente entre 4.500 y 5.000 millones de euros que sirviesen para la creación de una República catalana.
El documento, de 165 páginas, fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la creación de estructuras de Estado para la futura pretendida República.
El pasado 27 de diciembre, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciaba que en los próximos meses se reactivaría el "Programa de homogeneización tributaria" que puso en marcha el Gobierno de Puigdemont, anulado después por el 155, para recaudar los impuestos y las cotizaciones sociales de los ayuntamientos catalanes y las empresas y el sector público de la Generalitat.
Para ello, el Gobierno catalán realizó, durante el mandato de Puigdemont, convenios con los ayuntamientos, universidades y entes del sector público de la Generalitat, que se comprometían a liquidar el IVA, el IRPF y las cotizaciones de Seguridad Social con la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y con la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo.
Estos, a su vez, asumían el compromiso de presentar las autoliquidaciones y los ingresos de las cuotas correspondientes de los tributos de titularidad estatal ante la Hacienda estatal y la Seguridad Social.
Para realizar todo este proceso, la Generalitat también encargó el desarrollo de un programa informático a IBM que costó 241.382 euros y también fue anulado por el Gobierno de Rajoy, con el gasto añadido de otros 16.162 euros que supuso su desactivación. Aunque el mayor desembolso no se llegó a realizar ya que, según el informe de la Guardia Civil, el impulso de la administración digital que este programa requería llevaba aparejada una dotación económica de 2,93 millones de euros para sufragar su coste total acumulado.
La Generalitat argumentó que este programa serviría para facilitar y dotar de mayor eficacia a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales de ayuntamientos y empresas de la comunidad autónoma catalana.
Sin embargo, la Guardia Civil rebate este argumento y alega que sumaba más burocracia a la vez que obligaba a los obligados tributarios a liquidar con la ATC cinco días antes de que expirara el plazo para hacerlo con la Hacienda estatal.
Tras analizar numerosa documentación, entre ella la intervenida al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, los investigadores concluyen que lo que pretendía la Generalitat era que la ATC asumiera "de facto" una competencia estatal "amparándose para ello en el desarrollo de una medida aparentemente legal", en un "posible fraude de ley".
"El objetivo final que buscaban los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña con esta medida no era otro que el de poder canalizar una importante fuente de ingresos tributarios a través de la ATC, obteniendo de este modo el pleno control sobre los mismos", expone el Instituto armado.
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