El sector del taxi anuncia demandas y querellas contra Uber y Cabify

 

La Plataforma Integral del Taxi, que reúne unos 1.500 taxistas españoles, interpondrá una demanda civil contra las plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify, entre otros, por presunta competencia desleal.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el coordinador de Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, que ha explicado que la demanda civil se llevará a la Justicia esta semana para que estas empresas les devuelvan el dinero que están ganando haciendo el trabajo que corresponde los taxistas, según él.

También prevén presentar una querella criminal este mes o en febrero por "destapar la trama" que sostiene que se ha creado alrededor de las VTC, por posibles delitos de manipulación de precio mediante engaño, blanqueo de capitales, fraude de ley y estafa masiva .

Asimismo, la Plataforma Integral del Taxi, en la que hay taxistas de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga, prevé presentar una demanda por presuntos daños patrimoniales contra la administración central por un daño mínimo de 50.000 euros por licencia de taxista, que indican que son cerca de 70.000 en España.

Según Álvarez, "la administración no ha hecho su trabajo" al no regular plataformas como Uber y Cabify y no cumplir con la directiva europea que fija que la actividad de los taxis, junto con la de ambulancias y transporte urbano, no se 'debe liberalizar, dijo acompañado por el abogado Elpidio José Silva y el presidente del Sindicato del Taxi de Cataluña, Luis Berbel.

Silva ha cifrado que la indemnización que debería asumir el Estado podría ascender hasta los 25.000 millones de euros --lo resultante de multiplicar el número total de licencias de taxista en España por una indemnización de más de 400.000 euros--: " el taxi exigirá que se reintegren los daños causados".

PRECONTRATAR SERVICIOS

Este viernes la Generalitat ha convocado el Consejo del Taxi para informar sobre el Decreto Ley que está elaborando con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para regular los servicios de estas plataformas y en el que estudia la viabilidad jurídica de introducir en la norma que las plataformas de VTC deban precontrato sus servicios con una antelación mínima, que Élite Taxi quiere que sea de 24 horas, y volver a la base después de cada trayecto.

Estas eran exigencias de asociaciones de taxistas como Élite Taxi, que han puesto sobre la mesa convocar una huelga por el Mobile World Congress (MWC), que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si el Gobierno catalán no las contempla.

Tanto Berbel como Álvarez han remarcado que esta voluntad se mantiene si la Generalitat no cumple, a pesar de que han deseado que no haga falta: "Todos somos conscientes de que el sector del taxi ha dicho basta y se defiende", expuso Álvarez.

"Confiamos plenamente en la Generalitat", y ha rechazado que tenga que asumir las indemnizaciones de 1.100 millones de euros que Unauto --la patronal de VTC-- calcula que tendrá que pagar a la administración catalana si obliga a precontratos los sus servicios con esta norma.

Para Unauto, la precontratación es innegociable, porque su oferta dejaría de ser competitiva y rentable, lo que la patronal ha señalado que en la práctica conllevaría la eliminación de decenas de empresas y el despido de sus trabajadores, que sitúan en los 3.000 en Cataluña.

ACCO Y CNMC

Álvarez también ha rechazado la posición asumida por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), que considera "altamente discriminatorio" que los vehículos VTC deban precontratos y volver a la base, y que prevé impugnar las regulaciones que puedan derivarse del decreto ley planteado por la Generalitat, si acaba incluyendo estas dos medidas.

El portavoz de Élite Taxi ha definido el Acco como "el brazo armado" de los grupos de presión, y dijo que también se plantean medidas legales contra esta y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Añadió que están estudiando una querella contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por haber suspendido el reglamento aprobado por la AMB en "no tener ni el más mínimo fundamento" para hacerlo.