Corrupción en Hacienda

 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha culminado una operación contra Inspectores de la Agencia Tributaria por un posible delito de blanqueo de capitales tras dos años de investigación.

El cabecilla de esta trama es el jefe de Inspección de Vigo, Asdrúbal Casares, y la mayoría de delitos y detenciones de funcionarios se ha producido en Galicia.

Los agentes perseguían a Casares desde la primavera de 2017. Esta operación se puso en marcha tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

Los funcionarios podrían ser acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Esta presunta trama corrupta se habría creado en connivencia con asesorías fiscales para beneficiarse económicamente de las multas que imponían desde Hacienda.

Asdrúbal Casares estaba asociado con Francisco González Pino, dueño de la asesoría fiscal Aserco de Vigo. Él se ponía en contacto con las empresas a las que Casares multaba por presuntas irregularidades fiscales y les ofrecía sus servicios para, después, repartirse los beneficios.

El inspector ordenaba bloquear las cuentas bancarias de las empresas sancionadas y muchas de ellas acababan en concurso de acreedores. Entonces Casares conseguía que quedaran bajo la tutela del despacho concursal de su mujer, Beatriz Zunzunegui.

Según fuentes cercanas a la investigación Casares tendría cuentas bancarias en Dubái en las que ingresaba el dinero fraudulento. De esta manera, elevó su nivel de vida con viviendas y coches de lujo, grandes viajes, consumo de sustancias ilegales y gastos en clubs de alterne.

El superior de Casares, encargado de la Inspección de la Agencia Tributaria de Pontevedra, ha sido citado a declarar en calidad de testigo, y su vivienda de Vigo ha sido registrada.

CÓMO OPERABAN

Según la reconstrucción de los hechos, Casares y otros dos inspectores abrían expediente sancionador a empresas. Muchas iban a juicio por fraude fiscal, aunque en algunas ocasiones el juez declaraba que no había delito. En pleno procedimiento judicial, Aserco se ponía en contacto con las empresas para ofrecer asesoría fiscal. Así ocurría en Vigo, Santiago, Lugo o A Coruña.

El asesor quedaba con el empresario en cafeterías y restaurantes. También se veían en plena calle y les invitaba a seguirle en coche para alejarse y celebrar la reunión.

Algunas empresas no contrataban a Aserco y recibían anónimos sobre el procedimiento a seguir. En una ocasión, una persona se presentó en una compañía afectada, se identificó como agente judicial y pidió 400.000 euros en efectivo para acabar los problemas con Hacienda, informa El Confidencial Digital.

Uno de los principales afectados por la trama es Manuel Ferreira, propietario de la empresa Redcom, que era distribuidora de Airtel y, después de Vodafone. Tenía 320 tiendas en España y es dueño de la principal colección de coches de lujo, que ha puesto a la venta.

En 2006, Casares le abrió expediente fiscal y le retuvo 3 millones de euros de circulante. A raíz de esto, Ferreira tuvo que despedir a 300 empleados.

Más tarde, la Agencia Tributaria le denunció ante la Fiscalía por fraude fiscal. El Ministerio Público se adhirió a la acusación. 

Finalmente Ferreira fue primero imputado y más tarde juzgado por este delito en el juzgado penal número 1 de Vigo. El Ministerio Público pidió 12 años de cárcel. Sin embargo, casi diez años después, en 2015, la juez absolvió a Ferreira.

La Agencia Tributaria y el fiscal le acusaban de hacer rotar varias veces en su circuito comercial el mismo paquete con microprocesadores para simular una facturación falsa al exterior y deducir el IVA intracomunitario. Algo que no fue probado.

Mientras se desarrollaba el proceso judicial, Ferreira perdió buena parte de sus empresas y casi la totalidad de la facturación de Redcom.