Los ambulatorios alertarán a la Generalitat de casos de pobreza energética

 

Los centros de atención primaria de Catalunya (CAP) pondrán en alerta de la situación de vulnerabilidad energética de pacientes que requieran de electricidad para llevar a cabo sus tratamientos, gracias al nuevo 'Protocolo de abordaje de la dependencia energética en salud' que establece que facilitarán un informe que lo acredite.

Se trata de una medida impulsada por la Generalitat con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, que han presentado este jueves en el CAP Indianes de Montcada i Reixac el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; la consellera de Salud, Alba Vergès; el conseller de Trabajo, Asuntos Socials y Familia, Chakir El Homrani, y la alcaldesa de la localidad, Laura Campos.

Empezó a aplicarse el 1 de enero, y el trabajo de los profesionales sanitarios, tanto los que pasan consulta como los que hacen visita a domicilio, consiste en realizar un informe que avise de la pobreza energética de determinados usuarios, dependientes de energía, y trasladarlo a las compañías eléctricas para que no hagan un corte del suministro.

Vergés ha concretado que la iniciativa va dirigida a "casos específicos con especial cuidado", especialmente aquellos con patologías respiratorias, cardiovasculares y articulares, porque es una cuestión de supervivencia y de salud, ha añadido.

MUJERES MAYORES SOLAS

Aragonés ha calculado que unas 115.000 personas tienen condiciones crónicas que requieren dispositivos con conexión eléctrica para su tratamiento y cumplen este perfil de vulnerabilidad energética, puntualizando que "tres de cada cuatro casos son mujeres que viven solas y son mayores de 75 años".

Con la puesta en marcha del protocolo, con carácter de proximidad, se espera mejorar la asistencia médica y hallar nuevos casos de pobreza energética, "pueden ser una antena social", ha apuntado El Homrani, y, por tanto, ha continuado, se puedan adoptar soluciones.

En 2017, los servicios sociales catalanes atendieron 105.454 personas de 36.715 hogares con deudas por recibos impagados de servicios básicos, 4.000 más que en 2016, y Salud destinó 7,2 millones de euros para ayudas de urgencia social en este ámbito.