La Generalitat intenta maquillar sus correcciones sobre la liquidación del contrato de la ATLL

 

Una vez más, la Generalitat de Catalunya intenta que las cosas parezcan lo que no son y que los contribuyentes comulguen con ruedas de molino. Este es el caso del culebrón interminable de la chapuza de Aigües Ter Llobregat (ATLL).

La administración catalana sigue mareando la perdiz sobre sobre los cálculos económicos de la reversión de la concesión de la ATLL.

Este miércoles 30 de enero, el conseller de Territorio, Damià Calvet, ha anunciado que la Generalitat presentará una tercera propuesta de liquidación del contrato de gestión de la empresa de aguas ATLL, que incluirá nuevos conceptos a compensar a favor de Acciona para evitar que se considere que hay "enriquecimiento injusto" por parte de la administración catalana.

"Lejos de que suene a corrección, no es así, desde el primer momento se ha hablado de una liquidación definitiva provisional y una liquidación definitiva final", ha precisado Calvet, en comisión parlamentaria para informar sobre los cálculos económicos del retorno de la concesión de ATLL y sobre la reclamación de Acciona por la resolución del contrato.

La nueva propuesta, que tendrá en cuenta la documentación de la gestión de 2018 de Acciona, llegará después de las dos primeras, que fueron una reclamación de 38 millones a la concesionaria y una compensación para Acciona de 53,8 millones de euros.

Hay que destacar que el consorcio liderado por Acciona anunciaba en octubre de 2018 que reclamaría más de 1.000 millones de euros a la Generalitat por la liquidación del contrato de adjudicación de la concesionaria.

A mediados de noviembre, la oposición pidió la comparecencia de miembros del Govern para dar explicaciones sobre la reversión de esta concesión, como informó 'Vilapress'. 

La de este ha sido la segunda comparecencia parlamentaria sobre este tema, ya que la primera, hace 15 días, se suspendió al poco de empezar por el plantón del titular del departamento y del vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), como protesta por la detención de los independentista acusados de cortar la vía del AVE en Girona.

El conseller de Economía, Pere Aragonès, que ha comparecido junto a Calvet, ha explicado que han paralizado el proceso de desahucio administrativo hasta el 5 de febrero, cuando está previsto que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) resuelva el proceso.

Aragonès ha afirmado que recurrirán a los tribunales para recuperar la gestión si el TSJC da la razón a la Generalitat y la ATLL no libera las instalaciones. 

CALVET ACUSA A ACCIONA DE ABUSO DE DERECHO

Calvet, ha asegurado que la concesionaria de la ATLL ha hecho un "uso absolutamente abusivo del derecho" porque el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del contrato de 2012, por lo que éste no es convalidable, ha añadido.

"El decreto ley de ATL es correcto, vigente y se está desplegando como aprobó el Parlament en agosto", ha afirmado Calvet, en comisión parlamentaria para informar sobre los cálculos económicos del retorno de la concesión de ATLL y sobre la reclamación de Acciona por la resolución del contrato.

El conseller de Economía, Pere Aragonès, que ha comparecido junto a Calvet, ha atribuido el aplazamiento de la comisión, prevista para el 16 de enero, a "las detenciones sin orden judicial" que tuvieron lugar ese mismo día relacionadas con el aniversario del 1-O, y ha criticado que nadie haya asumido responsabilidades.

La Generalitat cuenta con que el TSLC le dé la razón y amenazan con acudir a los tribunales pra exigir que la ATLL vuelva al ector público. 

LAS CUENTAS

En respuesta a las intervenciones de los grupos parlamentarios, Calvet ha defendido que ante la necesidad económica de 2012 se optó por "la externalización de la gestión, que no privatización" de la ATLL, debido a una situación complicada debido a la crisis.

Calvet ha insistido en que a la hora de calcular las propuestas de liquidación se ha realizado un trabajo muy riguroso de la comisión de liquidación y que éstas han variado porque hubo un auto del TSJC en medio.

"Todas y cada una de las cifras y conceptos que aparecen en la propuesta de liquidación definitiva provisional tienen sus razones. Es absolutamente garantista respecto a los intereses de la otra parte", ha defendido Calvet.

Además, ha asegurado que los 1.036 millones de euros que Acciona reclama a la Generalitat -que incluyen 305,2 millones de compensación por resolución del contrato y 769 de lucro cesante- difieren de los que hace la comisión de liquidación porque son "absolutamente desproporcionados" y supondría obtener beneficios por unos servicios que no se han dado.

"Con tranquilidad, prudencia y frialdad burocrática afrontamos la liquidación del contrato", ha añadido.