Las estrategias de los abogados basculan entre la arenga política y las razones técnicas

 

La primera jornada del juicio del procés ha exhibido las divergencias en cuanto a la estrategia defensiva que van a adoptar los equipos forenses de cada uno de los procesados. Mientras algunos defensores han optado por una táctica de confrontación contra el tribunal, alegando la vulneración de garantías procesales y la obstaculización de un derecho político "elemental" como el de autodeterminación, otros abogados han preferido circunscribir sus alegatos a razones técnicas.

En el primer grupo se encuentran Andreu Van Den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva; Jordi Pina, que defiende a Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull; y Benet Salellas, abogado del expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Todos estos abogados han realizado una arenga política durante la primera sesión del juicio que va a marcar previsiblemente su tono a lo largo de las vistas orales que se calcula que finalizarán el próximo mes de mayo.

Frente a esta estrategia, los abogados de Santi Vila (Pau Molins), Joaquim Forn (Xavier Melero), Carme Forcadell (Olga Arderiu), han alegado razones estrictamente jurídicas para defender a sus clientes.

"VODEVIL PROCESAL" Y SALVADORES DE LA PATRIA"

El abogado Andreu Van Den Eynde ha sido el primero en intervenir en el juicio que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo y ha afirmado que la causa es un "vodevil procesal" que "atenta contra la disidencia política". Tras afirmar que se han vulnerado o restringido todos los derechos constitucionales, ha pedido de nuevo la libertad de los acusados en prisión para "hacer un juicio distinto mañana".

Van den Eynde ha lamentado lo que él considera como un uso del "derecho penal del enemigo", recordando una de las frases que, según ha dicho, escuchó al exmagistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco: "Hacer justicia es mantener la civilización"

En la misma línea se ha mantenido Jordi Pina, que ha llegado a pedir a los magistrados del Supremo que "hagan de jueces y "no de salvadores de la patria". Pina ha hecho mención de una carta publicada en un medio de comunicación, en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguraba que el juez de instrucción de Barcelona (fallecido), que investigó los preparativos del referéndum ilegal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, había "cambiado el rumbo" de España y que era un "héroe nacional".

Por su parte, Benet Salellas ha calificado este procedimiento como una "derrota colectiva de la sociedad española" porque "se opone a la esencia propia del Estado de Derecho" y "criminaliza" derechos fundamentales como el de expresión y el de reunión. Además, ha subrayado que los derechos a la libertad de expresión y de reunión están por encima de "la unidad territorial" del Estado, y por eso ha lamentado que "hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales por la indivisibilidad de la nación española" a pesar de que este planteamiento no se contempla en los "tratados internacionales de derechos fundamentales".

UNA DEFENSA MÁS TÉCNICA

La abogada Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, ha solicitado durante su intervención la expulsión de su representada del procedimiento porque únicamente se le imputan actuaciones que estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.

En este contexto, Arderiu ha destacado que todos los hechos que se imputan a la expresidenta del Parlament --permitir la tramitación y aprobación de las denominadas leyes de desconexión y de la convocatoria del referéndum del 1-O-- se corresponden con las funciones propias de la actividad parlamentaria y deben estar protegidos por esta inviolabilidad. En su turno, Arderiu se ha excedido en los tiempos y el presidente de la Sala, Manuel Marchena, le ha pedido que abreviara su alegato.

El más claro a la hora de centrar el objeto del juicio ha sido Xavier Melero: "Esto es un juicio penal, como lo es el de una estafa", ha dicho el letrado, añadiendo que "no lo querríamos nadie en la jurisdicción penal, [pero] aquí estamos, y hay que solucionarlo con los instrumentos con los que contamos, que es la ley".