Acciona pierde el contrato de gestión del agua de Sant Vicenç de Castellet

 

Varapalo judicial para Acciona. Un año después de que el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, regido por el alcalde Joan Torres (PDeCat), concediera a la compañía la gestión del servicio de aguas en el municipio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Barcelona ha declarado la "nulidad radical" de la adjudicación.

El periplo judicial de este contrato empezó cuando SOREA (Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas S.A.) --perteneciente al grupo Agbar-- presentó un recurso contra Acciona al entender que la adjudicación no había sido limpia.

En concreto, la empresa alegaba que no se le había concedido el preceptivo trámite de audiencia previa y que, además, había quedado excluida de forma improcedente del proceso pese a tener mayor puntuación que Acciona.

Ahora el juzgado da la razón a SOREA, que considera que el primer motivo esgrimido es suficiente para anular el contrato. La magistrada razona en una sentencia del 14 de febrero que la audiencia era un requisito indispensable que, puesto que no se aplicó, "conlleva la nulidad radical de los acuerdos (...) sin necesidad de entrar a examinar el resto de motivos de nulidad planteados".

Sin embargo, el juzgado también establece que corresponde al órgano de contratación la facultad de adjudicar de nuevo el contrato. Por tanto, devuelve la pelota al consistorio, que deberá emprender otro proceso de adjudicación que subsane los errores indicados en la sentencia.

SOREA GESTIONABA EL SERVICIO DESDE 1976

Acciona sustituyó a SOREA como prestadora del servicio el 1 de octubre de 2018. Tras más de 40 años, un nuevo operador empezaba a proporcionar este servicio en el municipio, con una adjudicación inicial prevista para diez años.

El cambio de empresa se vendió como una mejora para el bolsillo de los ciudadanos, ya que suponía una rebaja en los recibos y un ahorro global para el ayuntamiento estimado en 2,2 millones de euros.

Ahora el alcalde Torres, que se congratuló de la adjudicación, deberá preparar nuevos pliegos para afrontar esta sentencia adversa y guardar en un cajón los planes de mejora del balance hidráulico del municipio que presentó hace apenas un año.