El tribunal impone 2.500 euros de multa a Baños y Reguant

 

El tribunal que juzga el proceso independentista en Catalunya ha acordado este miércoles la imposición de una sanción de 2.500 euros para cada uno de los exdiputados de la CUP que se han negado a responder, Antonio Baños y Eulàlia Reguant, a las preguntas que le iba a realizar el abogado de la acusación popular ejercida por Vox, lo que es obligatorio para los testigos.

Según han informado fuentes jurídicas, los exdiputados tienen cinco días para pronunciarse y comunicar al tribunal si persisten en su decisión de no contestar. Si se retractan, volverán a ser citados otro día; en caso contrario, se deducirá testimonio de su comportamiento por un delito de desobediencia grave, lo que consiste en remitir a un juzgado ordinario de Madrid las actas de la sesión. Será este juez el que decida si abre una investigación.

La obligatoriedad de los testigos a contestar a las preguntas de todas las partes personadas en un procedimiento judicial está regulada en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y, según fuentes jurídicas, puede ser penado con hasta un año de cárcel o una multa de hasta 18 meses por un delito de desobediencia.

La decisión en el caso de Baños, que ha obligado al tribunal a parar la sesión durante unos minutos, se ha tomado después de que éste se haya mostrado también en contra de una solución inédita con la que el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha tratado de salvar la situación, proponiéndole que contestara a las preguntas del abogado Javier Ortega Smith, pero replicadas por el propio juez.

Todo ha comenzado cuando Baños ha entrado en el Salón de Plenos --al pasar al lado de los acusados ha estrechado la mano a Jordi Cuixart y ha hecho un gesto en el hombro de Josep Rull-- y se ha sentado a la mesa reservada para los comparecientes, frente a los siete magistrados del tribunal. Allí, ha dado sus datos sobre su situación personal y a continuación el presidente le ha informado de que debía contestar en primer lugar a las preguntas de la acusación popular porque es ésta la que solicitó su declaración.

"POR DIGNIDAD DEMOCRÁTICA Y ANTIFASCISTA"

Ha sido en ese momento cuando Baños ha comunicado al tribunal que no quería contestar a Vox "por dignidad democrática y antifascista". Marchena le ha aclarado que "ese derecho" a no responder "sólo lo tienen los acusados" y le ha informado de que él es "un tercero que tiene información útil para alguna de las partes" y "no tiene derecho" a negar esa información a la sala.

"Nadie va a interpretar sus respuestas como una adhesión a un partido político contrario a su ideario. Es un ciudadano que puede contribuir al esclarecimiento del hecho. Sepa que el no responder a las preguntas puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Si se niega, tiene que asumir esa posibilidad", ha explicado, tras lo cual ha añadido: "Le garantizo que su dignidad democrática no está condicionada".

Siempre sonriente, Baños ha dicho que asumía ese riesgo y se ha mantenido en su posición de no contestar a Vox. Tras consultar con su compañero de tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, Marchena ha dado al testigo una fórmula alternativa: que Ortega Smith expusiera su pregunta y después el propio presidente la replicara, y el abogado de Vox ha estado de acuerdo.

Así, durante unos segundos se ha producido en esta octava sesión del juicio una situación inédita en los tribunales y también algo cómica al tener que repetir Marchena la primera pregunta que ha sido formulada a su vez en voz alta por el abogado de Vox, que ha versado sobre en qué periodo fue diputado de la CUP en el Parlament.

DEBATE EN EL TRIBUNAL

Ha sido al darse cuenta de que Vox iba a formular sus preguntas en voz alta y Marchena las iba a repetir cuando Baños ha insistido en que no quería responder a este abogado, por lo que el magistrado ha cortado el interrogatorio unos instantes para decidir con sus compañeros sobre qué hacer. Casi todos los jueces se han dirigido entonces al presidente para darle sus opiniones al respecto.

Sólo un par de minutos después se ha retomado la vista y Marchena ha anunciado al exdiputado que el tribunal iba a proceder a dejar constancia en el acta de la sesión de su decisión de negarse a contestar. "No me niego a contestar a la presidencia", ha replicado Baños, tras lo cual el presidente le ha interrumpido y, de forma muy tajante, ha terminado la conversación: "Lo que ha dicho está muy claro; la solución que le he ofrecido está muy clara".

Así, ha pedido a Baños que saliera de la sala y ha pedido a la agente judicial que llamara a la siguiente testigo, la también exdiputada de la CUP Eulalia Reguant. Tras informar de sus datos al tribunal, ha pedido poder declarar en catalán y también ha comunicado su intención de negarse a contestar a Vox, partido al que ha definido como "de extrema derecha, machista y xenófobo".

Así, Marchena ha hecho a la testigo la misma advertencia que a Baños, y es que negarse a responder podía incurrir en responsabilidades penales. Ella ha confirmado que se mantenía en su decisión, por lo que el magistrado le ha pedido igualmente que saliera de la sala. El tribunal ha pasado entonces a llamar a la siguiente testigo, la última del día, la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert.

"NO PERMITO SER INTERROGADO POR UN GRUPO FASCISTA"

Tras salir del Supremo, Baños ha relatado a los periodistas lo ocurrido dentro del Salón de Plenos justificando su negativa a contestar a Vox en el "respeto a la lucha feminista, a los derechos del colectivo LGTBI, por dignidad a la lucha antifascista y por dignidad democrática". "Yo no permito ser interrogado por un grupo fascista", ha manifestado.

El exdiputado ha explicado que tras señalarle Marchena que podría contestar a través del tribunal, "el señor de Vox continuaba hablando", y que cuando él "simplemente ha preguntado" si eso significaba que era este partido el que preguntaba, los magistrados han hecho un receso y cuando han salido le han dicho que podría irse a casa. "Cosa que agradezco mucho", ha puntualizado.

Finalmente, ha restado importancia a las consecuencias que pueda tener lo ocurrido en el juicio: "Comparado con un año de prisión preventiva o las condiciones en las que están declarando los presos políticos catalanes, sería de una frivolidad insultante".