​Pros y contras del proyecto de ley de contratos de servicios públicos

 

La Generalitat ha impulsado el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, debatido en febrero en el Parlament, con el fin de priorizar los criterios de calidad por encima del precio a la hora de contratar a entidades y empresas, pero son varias las voces que alerta de que esta medida podría llevar a aumentar la precariedad laboral y a la mercantilización de los derechos sociales.

El Govern destaca que con la normativa se mejoran los servicios de atención a colectivos desfavorecidos, actividades de acompañamiento, servicios complementarios de atención sanitaria, gestión de equipamientos como centros cívicos, comunitarios o deportivos, o bien servicios de restauración a hospitales, escuelas o residencias de personas mayores.

El proyecto de ley prohíbe la selección de la empresa por subasta o adjudicación al precio más bajo y permite tener en cuenta la responsabilidad social corporativa de las entidades y empresas que se presenten a la contratación, a las que obliga a cumplir con las condiciones laborales y salariales de los convenios colectivos.

Así, la estabilidad laboral, la igualdad de género, la responsabilidad ambiental y la inserción laboral de personas con discapacidad aparecen como mejor puntuadas que hasta ahora.

ADVERTENCIAS

No obstante, desde el sector social también han alertado sobre posibles fracasos de la propuesta. La Intersindical-CSC, que colaboró en la redacción del proyecto, sostiene que los mecanismos de contratación y renovación de los contratos no deben estar supeditados a las aprobaciones de presupuestos.

Según la Intersindical-CSC, también es necesario tener en cuenta el pago de la prestación de los servicios en los plazos más reducidos posibles para evitar una mala gestión de las finanzas públicas. Defiende el cumplimiento "estricto" de la normativa laboral para evitar que la contratación a través de este proyecto de ley sea un elemento de precariedad de los trabajadores debido a la temporalidad.

Desde Marea Blanca advierten de que el proyecto de ley tiene una voluntad de mercantilización de los derechos sociales y, en el sector en el que operan, de la salud, la sanidad, las atenciones sociales y la dependencia. Opinan que se trata de una ley privatizadora.

Marea Blanca defiende la gestión directa como la mejor fórmula de prestación de los servicios públicos, y no la contratación a terceros porque podría haber un lucro privado.

En esta misma línea, el colectivo en defensa de la sanidad pública asegura que la falta de concreción de la normativa no aclara qué ocurriría en caso de incumplimiento del contrato por quiebra del contratista.