Trapero, entre culpar a cargos políticos o desacreditar a Mossos

 

El juicio del procés incluye esta semana a uno de los testimonios más importantes, el del ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, pero todavía es una incógnita saber si declarará ante el Tribunal Supremo que juzga los hechos o si se reservará para la causa en la Audiencia Nacional.

Trapero, que ahora ocupa un puesto administrativo en el cuerpo de la Policía autonómica, está citado para el jueves 14 de marzo. Está procesado por la AN por rebelión, un delito por el que la Fiscalía le pide once años.

Ya en febrero de 2018 señaló ante la magistrada Carmen Lamela que había mantenido reuniones con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y al ministro de Interior, Joaquim Forn los días 26 y 28 de septiembre de 2017, pocos días antes del referéndum del 1 de octubre.

Según señaló Trapero, les indicó que podría haber riesgo de violencia si se continuaba adelante con el referéndum y los Mossos cumplirían con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Este jueves, Trapero puede reservarse su derecho a no declarar, pero si no habla dejaría la responsabilidad en manos de cargos que estaban bajo su mando. Fuentes de su defensa afirman que todavía hoy está meditando qué hacer.

Trapero fue una pieza esencial en octubre de 2017 para el independentismo. Ese mismo año fue ascendido al cargo de mayor de los Mossos y se convirtió en hombre de confianza de Puigdemont. No se le conocía por tener un pasado soberanista a ultranza, pero siguió las directrices que marcó el Gobierno catalán, que tenían como objetivo proclamar una república catalana.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha señalado ante el TS que Trapero se resistió a que hubiera un coordinador de las fuerzas de seguridad, una medida que adoptó el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José María Romero de Tejada. Trapero argumentó que con los Mossos era suficiente para solventar la situación y que no era necesaria la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El comisario jefe de Información de los Mossos, Manuel Castellví, ha indicado en el juicio que se dio a conocer un informe de Inteligencia según el cual se auguraba que, en caso de haber un referéndum en Catalunya, cabía la posibilidad de que se produjese una escalada de violencia. A pesar de ello, los responsables políticos tiraron adelante con su propósito.

La importancia de estas declaraciones se centra en que la defensa de los procesados, entre los que figuran Junqueras y Forn, quiere demostrar que no había un clima de violencia en Catalunya durante los días previos al 1-O.

La declaración de Castellví coloca a Trapero en una situación delicada: o culpa a Forn y Junqueras, o desacredita a Castellví.

MÁS TESTIMONIOS

El jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Manuel Castellví, tiene que volver a las 9.30 horas de este lunes al Tribunal Supremo para contestar a las defensas de los doce acusados en el juicio por el procés independentista. El testimonio de este mando policial, que se caracterizó por el tenso interrogatorio al que fue sometido por el fiscal Javier Zaragoza, no pudo concluir el pasado jueves a pesar de prolongarse durante casi tres horas en la sesión de la tarde.

La segunda parte de su declaración se prevé igualmente intensa, ya que las defensas tratarán de encontrar contradicciones en el testimonio que Castellví ofreció a la Sala, que se considera clave para fundamentar las tesis de las acusaciones. 

Le seguirá Emilio Quevedo Malo, que era el máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos y cuya declaración buscará despejar dudas sobre el dispositivo organizado por la policía autonómica para la jornada de votación, que testimonios anteriores de responsables de Policía Nacional y Guardia Civil calificaron de insuficiente, además de ineficaz dada la "pasividad" mostrada por los agentes.

Tras estos dos testimonios se retoma el calendario inicialmente previsto para el 11 de marzo, que contempla la citación del jefe de Producción de Unipost en Catalunya y Baleares, Albert Planas, y del empleado de la misma compañía Francisco Juan Fuentes. Seguirán el responsable de producción de esta empresa Antonio Manuel Santos y el entonces encargado de proyectos del Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CTTI), David Palanqués.

Para la sesión día 12 se ha señalado a partir de las 10 de la mañana la declaración del propietario de la empresa Buzoneo Directo José Oriol González; al que sigue la responsable recursos humanos de Artiplan Rosa María Sans.

Cierran la jornada con testificales a partir de las 16:00 horas el diseñador gráfico Enric Vidal Famadas y el empleado de Artiplan Enrique Mary Yriarte, a lo que seguirán dos guardias civiles -cuya identidad no se revela en el documento judicial de citaciones-, que fueron los responsables del informe de policía judicial sobre el cerco a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017.

EL DIPLOCAT Y LOS OBSERVADORES

En cuanto al día 13, están llamados a testificar el responsable de Difusión Institucional de Carles Puigdemont, Jaume Mestre Anguera; el exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea Amadeu Altafaj, y el que fue secretario general del Diplocat, Albert Royo Mariné; ambos investigados también en el juzgado de Barcelona.

A continuación se espera el testimonio de los supuestos observadores internacionales que seguirían el referéndum, el director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya Paul Sinning y Helna Catt.

Trapero está citado a declarar en calidad de testigo en el juicio por el proceso independentista en Catalunya el próximo 14 de marzo a las 16.00 horas.

La figura de Trapero ha salido frecuentemente a relucir en las testificales que han tenido lugar esta semana en el juicio, sobre todo por parte de los jefes de la Policía y la Guardia Civil que participaron en el operativo policial puesto en marcha durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

La Fiscalía pide para el mayor 11 años de prisión por rebelión, al igual que para los exjefes políticos de los Mossos Pere Soler y César Puig. Para la intendente Teresa Laplana se solicitan cuatro años de cárcel por el delito de sedición.

INVESTIGADOS POR EL 1-O

El mismo día que Trapero y a continuación también están citados Josep Maria Jové, quien fuera número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras; el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal y el que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi i Sunyer, que ya declaró como testigo en el Supremo en el juicio contra Francesc Homs por la consulta del 9 de noviembre.

Los tres están en una situación similar a la del mayor de los Mossos, dado que están siendo investigados en el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por la organización del referéndum y podrían por ello no testificar. 

Precisamente, esa investigación se abrió a raíz de unas declaraciones de Vidal, que a principios de 2017 afirmó que el Govern tenía a su alcance y de forma ilegal los datos de todos los catalanes.

Por la mañana, en la misma jornada, se espera la comparecencia de Antoni Molons, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, también investigado en el juzgado número 13; Teresa Prohias, que ya fue condenada en el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la gestión del 9-N, el funcionario de la Dirección de Servicios de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat David Badal Josa y el que fue subsecretario de Hacienda bajo mando de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico.