La juez procesa a 30 investigados por preparar el 1-O y constata un "plan común"

 

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha dictado auto de procesamiento en la causa abierta por los preparativos de la convocatoria de referéndum del 1 de octubre de 2017. En la resolución, se recoge el procesamiento de 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, pero en ningún caso por rebelión ni sedición. Además, ha levantado la imputación a 15, entre ellos Carles Viver Pi-Sunyer y Santiago Vidal.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la magistrada fija en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad

supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. 

No prestar fianza supondrá el inicio del proceso de averiguación y embargo de bienes suficientes para obtener la garantía necesaria de disponer de la citada cantidad para hacer frente a posibles futuras responsabilidades.

ARGUMENTOS DE LA MAGISTRADA

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha argumentado que tenían un "plan común" y que existía el firme propósito del Govern de Carles Puigdemont para impulsar el 1-O pese a ser conscientes de que era una ilegalidad.

En su auto de procesamiento, la magistrada constata la voluntad de celebrar una consulta refrendaria, ensayada en noviembre de 2014, "con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España, y que tuvo su plasmación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada por el presidente de la Generalitat el 27 de octubre en el Parlament".

Tras remontarse en su relato al 19 de diciembre de 2012, cuando el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, firmaron un acuerdo para la transición nacional, la jueza destaca que se trazó en el Govern de Puigdemont una "línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales y siendo conscientes de la ilegalidad de las actuaciones tendentes a la celebración del referéndum".

LOS IMPLICADOS

Uno de los investigados en esta causa, el ex número dos de Vicepresidencia Josep Maria Jové, será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al ser aforado porque en la actual legislatura es diputado de ERC en el Parlament, mientras que la magistrada señala que no es competente para pronunciarse sobre el investigado Lluís Salvadó, ex cargo de esta Conselleria y actualmente también diputado, dado que tiene también la condición de aforado.

Los procesados son el ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Conselleria de Presidencia y actual secretario de Comunicación, Antoni Molons, por presunta prevaricación y malversación; Joaquim Nin, ex secretario general de Presidencia, por presunta malversación, desobediencia y prevaricación; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, por presunta malversación; y Jaume Clotet, director general de Comunicación, por malversación.

También han sido procesados el ex secretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, por malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación; Meritxell Massó, ex secretaria general del Gobernación y actual secretaria general de Presidencia, por presunta desobediencia, y el ex director de la delegación del Gobierno de Catalunya ante la Unión Europea Amadeu Altafaj, por malversación y prevaricación.

En la lista está asimismo el ex director de Diplocat Albert Royo, por presuntos delitos malversación y falsedad documental; el ex director general de Patrimonio Francesc Sutrias, por malversación y desobediencia, y la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, por presunta malversación, desobediencia y falsedad documental.

La vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA Martí Patxot, han sido procesados todos por presunta desobediencia, por la emisión de publicidad relativa al 1-O.

También está entre los procesados Frederic Udina, el director de Idescat, desobediencia y revelación de secretos; Montserrat Vidal, que estaba en el área de Procesos Electorales y consultas Populares, por desobediencia.

Otros procesados son David Palanques y David Franco, los entonces responsables del área TIC de la Conselleria de Trabajo, por malversación; Xavier Puig, entonces responsable del área TIC de la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, por malversación; Natàlia Garriga, ex directora de Servicios de la Secretaría General de Economía, por este mismo delito, y entonces el director de Estrategia e Innovación en el CTTI, Josué Sallent, por presunta malversación.

Asimismo, han sido procesados por la juez el ex director general de Unipost Pablo Raventós, por presunta malversación y desobediencia; Rosa Maria Rodríguez, directora general de Servicio de T-Systems, por malversación, y Francesc Fàbregas, administrador de El Vallenc, por presunta malversación y desobediencia.

La lista de procesados la completan la encargada de supervisar las obras en una nave que debía servir de centro de recogida de datos, Mercedes Martínez; Joan Manel Gómez, jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Catalunya; Josep Masolivé, trabajador de Fundacio.cat, y José María Gispert, entonces gerente de Indugraf Offset, todos ellos por presunta desobediencia.

Finalmente, procesan a Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Gobierno de la Generalitat, por presunta falsedad documental, y Daniel Gimeno, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultas no refrendarias, por presunta revelación de secretos.

DESIMPUTADOS

En su auto, la magistrada levanta la imputación del juez y ex senador de ERC, Santi Vidal, cuyas polémicas declaraciones en varias conferencias donde aseguraba que el Govern tenía datos de los catalanes de forma irregular desencadenó la apertura de la causa con la presentación de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán a principios de 2017.

También han exculpado Carles Viver i Pi-Sunyer, que entonces presidía el Consell Assessor per la Transició Nacional y el Institut d'Estudis Autonòmics; el jefe de gabinete de Presidencia Jordi Cabrafiga; el ex cargo de Unipost Felipe Andanuche; el propietario de la nave en la que la Guardia Civil encontró unas 10 millones de papeletas del 1-O, Pau Furriol, y a varios empresarios de imprentas y otras empresas.

Según ha detallado el TSJC, los procesados serán oportunamente citados para practicar la declaración indagatoria, que no tiene señalamiento en este momento y que se fijará en una nueva resolución.

El auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona permite recursos de reforma (directamente ante la magistrada que lo ha dictado) y de apelación (revisión que corresponde a la Audiencia de Barcelona) en el plazo de tres días.