La Mesa del Congreso acuerda suspender a los diputados presos

 

La Mesa del Congreso ha acordado este viernes la suspensión de los diputados presos con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos. Podemos ha rechazado que sean apartados.

Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara que ha adoptado esta decisión tras analizar el informe redactado por servicios jurídicos de la institución.

La decisión no ha sido unánime ya que los dos diputados de Unidas Podemos han solicitado más tiempo y han mostrado sus desacuerdo.

El informe de los letrados avala la suspensión de los cuatro diputados presos afectados por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 384 bis).

La presidentadel Congreso pidió este escrito a los servicios jurídicos de la Cámara, que finalmente han resuelto que no ejerzan el cargo de diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que están en prisión preventiva por el proceso independentista en Catalunya.

El órgano de gobierno de la Cámara solicitó ese informe con la oposición de PP y Cs, que consideran que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni el Reglamento del Congreso son muy claras y deben aplicarse.

Sin embargo PSOE y Unidas Podemos, que suman cinco de los nueve miembros que tiene el órgano de gobierno, prefirieron consultar a los letrados para despejar cualquier atisbo de duda y dejar claro, en palabras de Batet, que la Mesa actúa con "fundamentos jurídicos sólidos" y "garantías" de que su decisión no puede ser "calificada como política".

Nada más constituirse el Congreso el pasado martes, el PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa la aplicación automática de esa medida a los cuatro diputados independentistas argumentando que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece la suspensión en funciones de aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.

La presidenta del Congreso, por su parte, consultó al Tribunal Supremo sobre otra posible vía de suspensión, la del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión y que fue la utilizada por el juez Pablo Llarena cuando los afectados eran diputados del Parlament. Sin embargo, el Alto Tribunal consideró "inviable" pronunciarse en medio del juicio del procés e insistió en la opción del Reglamento.

Ante esta tesitura, la mayoría de la Mesa acordó solicitar un informe a los servicios jurídicos para aclarar las medidas a adoptar, y convocarse a una nueva reunión este viernes para estudiarlo y, según remarcó Batet, tomar una decisión si la conclusión de los letrados lo permitía.