Medio año de infarto para el Santander: de asumir los 'pufos' del Popular a anunciar el mayor ERE de su historia

 

Este 2019 no está siendo un buen año para el Banco Santander. La entidad financiera ha tenido que asumir en los tribunales la herencia envenenada del Banco Popular --que también la ha obligado a anunciar un despido masivo de empleados-- y tiene en el horizonte un rimero de pleitos pendientes que va a mantener ocupados a sus servicios jurídicos durante largo tiempo.

UN VIACRUCIS JUDICIAL

El panorama para el banco empezó a ensombrecerse en enero. Con la llegada de José Luis Calama Teixeira, nuevo instructor de las causas por falsedad societaria y administración desleal del Banco Popular, la entidad de Ana Botín fue declarada sucesora a efectos penales de las decisiones tomadas por la anterior dirección de los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

En un auto, Calama estableció que el Santander había asumido "en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo de Banco Popular". Y añadía: "la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme".

Esta posición emula la que en su día se tomó con los nuevos propietarios de la CAM y Bankia, que tuvieron que responder judicialmente por los 'pufos' pendientes de los anteriores administradores. De hecho, el mismo juez reafirmó la responsabilidad penal sobrevenida del Santander en un auto de marzo, ante un recurso fallido que presentó la entidad.

A estas causas que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional, se suman las distintas demandas y solicitudes administrativas que han presentado los afectados por la absorción bancaria.

No solo está en marcha una demanda colectiva de OCU --que integra a unos 300 afectados que reclaman 7,5 millones de euros--, sino que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) ha comunicado que ha recibido centenares de solicitudes y que hay más de 262 recursos contencioso-administrativos instados por accionistas que vieron cómo, de la noche a la mañana, sus títulos se despreciaban por la compra a 1 euro que realizó el Banco Santander.

Todos estos recursos están a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al cual traspasó el expediente la Audiencia Nacional al considerar que la operación había sido aprobada por las instancias europeas. Mientras no se resuelva esta situación --que puede llevar hasta dos años--, el Santander cruza los dedos para que no le salpiquen las reclamaciones millonarias de los tenedores de títulos.

UN ERE CUESTA ARRIBA

Otra de las derivadas de la fusión bancaria ha sido la necesidad con que se ha topado el Santander de redimensionar el tamaño de su plantilla y su red de oficinas. La propuesta del Santander comunicada a los sindicatos pasa por el cierre de 1.150 oficinas y una reducción brutal de la plantilla, de unos 3.700 trabajadores.

Para contrarestar los efectos negativos de este ERE, la dirección propone prejubilaciones a partir de los 55 años con hasta el 70 por ciento del salario, según la edad del trabajador.

Sin embargo, en las centrales sindicales han saltado las alarmas por la forma en qué se quiere implementar este expediente de regulación de empleo. En concreto, los sindicatos exigen que no se discrimine a los empleados, favoreciendo algunas regiones en detrimento de otras en las cuales se prevé concentrar un mayor número de despidos.

Por otro lado, el sindicato mayoritario en el banco, CC.OO., pide que los empleados tengan las mismas condiciones que en el ERE de diciembre de 2017 en los servicios centrales, algo que no está previsto en el plan inicial de los administradores.

La falta de aval sindical ha agudizado aún más la desconfianza dentro del banco. Si la fusión con el Banco Popular ya ha estresado al 'staff' con una carga de trabajo adicional, el plan proyectado para reajustar la plantilla ha levantado más de una ampolla. La posibilidad de que el ERE se efectúe sin acuerdo entre las partes podría motivar movilizaciones laborales que supondrían otro quebradero de cabeza para la entidad de Botín.