​El 'Parlament de les dones' reclama igualdad salarial y poner fin a las "violencias machistas"

 

El 'Parlament de las mujeres' ha aprobado este lunes 1 de julio una declaración que apuesta por promover la lucha contra la precariedad laboral y la igualdad retributiva en relación a los hombres, así como medidas para erradicar "las violencias machistas".

Así se recoge en el texto aprobado en el 'pleno de las mujeres', una iniciativa conjunta de la Cámara con el Consell Nacional de les Dones de Catalunya (Cndc) que ha contado con la participación de las 60 diputadas del Parlament y miembros de diferentes entidades y asociaciones feministas.

Los retos que recoge la declaración se basan en los 12 ámbitos de la Declaración de Pekín de 1995, que se han trabajado de forma conjunta en seis grupos de trabajo, que coinciden con los ejes del plan de acción de la conferencia celebrada hace 25 años: derechos humanos de las mujeres; derecho a la educación y la cultura; derechos laborales y económicos; derecho a la participación social y política; salud y derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencias machistas.

En el ámbito de los derechos humanos de las mujeres, la declaración ha alertado de la "fragilidad de los estados" a la hora de reconocerlos, protegerlos y garantizarlos, y apuesta por recoger el contenido de la justicia de género de los instrumentos internacionales y hacerlos efectivos en las políticas que se llevan a cabo en Catalunya.

También asume la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, que reafirma la necesidad de aumentar el papel de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la prevención, la resolución de conflictos y en la consolidación de la paz.

En el capítulo de educación y cultura, han abogado por desplegar las leyes que garantizan el derecho de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, y piden que la educación "no sea una cadena de la sociedad patriarcal y aspire a hacer realidad otro mundo posible".

Además de reclamar un lenguaje inclusivo, que visibilice el femenino, destacan el papel de las familias, en toda su diversidad; recalcan que la cultura y la educación van de la mano, y reclaman una presencia equilibrada de las mujeres en ámbitos en que son minoritarias.

Otro de los aspectos que afrontan son los derechos laborales y económicos, en el que piden eliminar la "brecha salarial" entre hombres y mujeres, cumplir la legislación sobre planes de igualdad, la negociación colectiva y los planes para eliminar la desigualdad retributiva.

"PARIDAD REAL"

Consideran "imprescindible promover la paridad real" en puestos de toma de decisiones, a través de sistemas como el de cuotas, para garantizar, como mínimo, un 50% de mujeres en órganos de dirección de las empresas, la administración y el ámbito institucional.

En el ámbito de la participación social y política, también piden que la paridad tienda al 50% en los órganos colegiados de todas las instituciones, administraciones públicas y organizaciones sociales y políticas así como en debates y espacios de opinión de medios de comunicación.

Piden garantizar la sostenibilidad de las convocatorias de ayudas públicas dirigidas a las entidades feministas y de mujeres, incorporar la perspectiva de género en los procesos de participación ciudadana, y erradicar "la discriminación que sufren al ahora de ejercer el derecho a la participación política", entre otras cuestiones.

Sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, la declaración aboga por un cambio de modelo de prevención y atención sanitaria que incorpore una perspectiva de género, feminista e interseccional, basado en los derechos humanos de las mujeres, y que recoja la diversidad sexual.

Por ello, quieren fomentar el acceso universal de las mujeres, a lo largo de toda su vida, a los servicios de atención a la salud y a la información con equidad territorial, y fortalecer los programas de promoción y prevención de la salud orientados a las mujeres, con una incidencia especial en la educación afectiva y sexual en la corresponsabilidad.

En el apartado sobre el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencias machistas, la declaración pide incluir la violencia institucional en la Ley que aborda esta cuestión, y piden que la norma establezca los mecanismos que permitan abordar todas las formas de violencias machista, y asegurar la atención integral de niños y adolescentes que viven estas circunstancias "con recursos y servicios suficientes".

Así, reclaman garantizar la atención psicoeducativa y terapéutica de menores de edad, y que no esté condicionada al consentimiento de ambos progenitores; recogen que la administración debe garantizar la formación de la judicatura para evitar que haya sentencias que dan custodias compartidas en situaciones de violencia machista, y piden garantizar también los derechos de las mujeres víctimas de tráfico de explotación sexual con medidas específicas de apoyo.