Marea Blanca de Catalunya, en contra de la 'Llei Aragonès'

Marea Blanca de Catalunya y Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès se oponen al Anteproyecto de Ley de Contratos, más conocido como 'Ley Aragonès', ley que pretende regular la licitación de externalizaciones de servicios públicos en el ámbito de la sanidad, enseñanza y otros servicios a las personas bajo la excusa del cumplimiento de una directiva europea.

Esta directiva indica que no obliga a externalizar ningún servicio en estas áreas que se quiere realizar por la propia administración. El comunicado emitido por la PDSPBV explica que los que "repiten que la UE es quien obliga a externalizar y a contratar a terceros mienten", pues la decisión política la debe de tomar cada gobierno o administración. 

La UE sí que obliga a implementar esta directiva y si se escoge la opción de contratación pública o concertación para la gestión de los servicios públicos.

LA DISCONFORMIDAD DE MAREA BLANCA DE CATALUNYA

Desde Marea Blanca de Catalunya se entiende que como garantía de los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía es la gestión directa la mejor fórmula de prestación de los servicios públicos y no la contratación o concertación con terceros, que para ellos "es un mecanismo que transfiere recursos públicos al sector privado con la posibilidad de lucro privado".

"La opacidad, la ineficiencia, el encarecimiento y el alejamiento de las personas usuarias, y en demasiados casos la corrupción que generan, nos refuerzan en nuestra reivindicación de separación nítida del sistema público de salud versus el sector negocio de la sanidad. Este sistema público-privado 'social', desaconsejado desde el Tribunal de Cuentas europeo, no es el sistema que queremos", señala la plataforma. 

Marea Blanca luchará para que no se imponga esta Ley, además de discrepar sobre sus consecuencias. "Es significativo que en la exposición de motivos se hable de un amplio abanico de servicios y prestaciones que tienen como finalidad el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", sin nombrar el carácter de servicios públicos de muchos de estos servicios que después nombra intencionadamente. 

De este modo, y con la intención de "presentar mociones a los pueblos y ciudades del Baix Vallès", se rechaza el actual Anteproyecto de Ley de Contratos de atención a las personas que se está tramitando en el Parlament de Catalunya y se pretende conformar una mesa de grupos parlamentarios, agentes sociales y movimientos sociales para consensuar una ley que garantice los servicios públicos de gestión directa con garantías sociales.