El Govern finiquita el último 'chiringuito' independentista presidido por Lluís Llach
El Consejo Asesor para el impulso de un Foro Cívico y Social por el Debate Constituyente ha durado sólo ocho meses y no ha redactado ningún documento público. Tampoco se conoce el coste que ha tenido este órgano, a pesar de que sus organizadores no estaban retribuidos.
El Gobierno ha aprobado este jueves suprimir el Consejo Asesor para el impulso de un Foro Cívico y Social por el Debate Constituyente, una entidad que sólo ha tenido diez meses de vida y que ha sido presidida por el ex diputado de JxSí al Parlamento Lluís Llach.
La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, ha explicado en rueda de prensa los acuerdos que incluyen la supresión de este órgano, que se creó para fomentar un debate sobre un hipotético modelo político y social en una Cataluña independiente.
Después de diez meses de encuentros y de exposiciones públicas en Cataluña, este nuevo organismo creado al margen del Parlamento y las instituciones no ha elaborado más que un informe entregado al presidente el pasado 22 de julio.
De hecho, este organismo se creó en otoño de 2018 con el intento de insuflar nuevos ánimos en el electorado independentista. Quim Torra lo presentó como un nuevo avance a la hora de materializar la "república catalana" y se puso en marcha en paralelo al Consejo de la República con sede en Bruselas, cuya actividad también es casi inexistente.
El Consejo Asesor para el impulso de un Foro Cívico y Social por el Debate Constituyente ha durado sólo ocho meses y no ha redactado ningún documento público. Tampoco se conoce el coste que ha tenido la puesta en marcha y mantenimiento de este órgano --cuando se creó, se aseguró de que sus gastos serían "escasas"--, a pesar de que sus organizadores no estaban retribuidos.
BORDEANDO LA LEGALIDAD
Cuando en octubre de 2018 se fundó el Consejo, Llach ya explicó entonces que el consejo asesor había elaborado una metodología para que se impulsara un debate constituyente "desde la autoorganización de la sociedad civil", a quien trasladaba esta tarea.
De este modo, también se evitaba una posible disolución por parte del Tribunal Constitucional en caso de que el organismo hubiera defendido de forma abierta iniciar un proceso constituyente vulnerando el marco de la Constitución española.
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