​El Gobierno impugnará las resoluciones del Parlament que "atacan la convivencia en Catalunya"

 

El Gobierno ha anunciado que impugnará las propuestas de resolución aprobadas este jueves en el Parlamento catalán relativas a la amnistía de los presos y a la petición de salida de la Guardia Civil de Catalunya por considerar que "atacan la convivencia en Catalunya".

En este sentido, el Ejecutivo ha apuntado que estudiará el contenido de las resoluciones referidas al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O y que actuará jurídicamente contra las mismas.

Eso sí, desde Moncloa se ha aclarado que se trata de una decisión política que necesitará su trámite, puesto que las resoluciones del Parlament no están publicadas oficialmente. Asimismo, se ha puntualizado que el Gobierno no ha decidido aún ante qué instancia impugnará.

La primera resolución, que ha sido aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, expresa el compromiso de la Cámara catalana para trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O.

Con esta resolución el Parlament también se conjura para "liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación" si la sentencia del Supremo es condenatoria.

También llama al ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, "siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas" en caso de que se condenen a los presos soberanistas.

La segunda resolución, aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP -y con la abstención de los comuns- declara necesaria "la retirada de Catalunya de los efectivos de la Guardia Civil".

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha querido enviar  un mensaje de "serenidad y firmeza" y ha advertido al presidente catalán, Joaquím Torra, de que el Ejecutivo no dudará en utilizar la Constitución "si fuera necesario" para defender los valores y el sistema democrático contra los que quieran vulnerarlo. 

En este sentido, ha precisado que "si se dieran las circunstancias" para aplicar el artículo 155 de la Constitución, este Gobierno "lo haría", pero cree que "no se dan".

Celaá ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recalcado la firme decisión del Ejecutivo de recurrir los acuerdos aprobados ayer por los independentistas en el Parlamento catalán por suponer una "clara extralimitación y ataque a la convivencia entre catalanes".

Ha señalado que aunque "la Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo", también "lo será si fuera necesario para la defensa de nuestros valores y nuestros sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo".

Sin embargo, cree que ahora no se dan las "circunstancias" para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya porque no se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado "gravemente el interés general", ya que lo aprobado ayer en el Parlamento de Cataluña no eran leyes, sino "proposiciones no de Ley", "resoluciones que no están en la Ley". No son las leyes de desconexión aprobadas en la Cámara catalana de septiembre de 2017, según ha precisado Celaá.

Por el momento, el Gobierno tiene previsto impugnar las resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento catalán. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucción es a la Abogacía del Estado con el fin de que para que estudie su contenido y puedan ser impugnadas.

Este Gobierno, ha recalcado Celaá, "no está dispuesto a consentir un ataque a la Constitución y el Estatuto de autonomía". La respuesta, ha insistido, será de "respeto y diálogo" frente a la crispación y "frente a los que quieran recorre el camino desorden o incluso de posible violencia".

Isabel Celaá también ha repetido las palabras de Pedro Sánchez de rechazo de las afirmaciones de Joaquím Torra, que acusa al Estado de querer criminalizar a los independentistas o a quienes piensan de manera diferente por el mero hecho de serlo.

Por ello, ha vuelto a reclamar a Torra que "deje claro su respeto a las leyes de la democracia y el respeto a los principios del Estado de derechos, uno de cuyos fundamentos básicos es la separación de poderes.

En este último sentido, ha recordado que la Guardia Civil ha actuado como policía judicial, a las órdenes de la Audiencia Nacional y ha realizado un trabajo "discreto y digno de reconocimiento y respeto".

Así, ha afirmado que los detenidos en la operación que se desarrolló en Catalunya contra miembros de los CDR que tenían material para fabricar explosivos y objetivos seleccionados, "tendrán que responder de sus actos ante la justicia". "Es la forma que tiene el Estado de derecho de preservar la seguridad de todos, su trabajo está para salvaguardar nuestra convivencia", ha apostillado.