Fiscalía pide hasta ocho años y medio de cárcel para la trama de narcopisos del Raval

La Fiscalía de Barcelona ha pedido entre siete y ocho años y medio de prisión para 58 presuntos integrantes de una banda que gestionaba narcopisos y puntos de venta de droga en el barrio del Raval de Barcelona, trama que fue desarticulada en octubre del año pasado en una macrooperación de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.

En los respectivos escritos de acusación, el Ministerio Público ha detallado que este presunto grupo de narcotraficantes estuvo activo al menos entre los meses de febrero y octubre de 2018, y que distribuía principalmente cocaína, crack, heroína y MDMA --éxtasis--, pero también hachís y marihuana en el distrito de Ciutat Vella.

Los acusados presuntamente "conformaron un entramado dedicado a ocupar ilícitamente pisos y locales del distrito con la finalidad de vender sustancias estupefacientes, ya en 'puntos de venta', lugares donde los consumidores podían adquirir las sustancias y consumirlas fuera, ya en 'narcopisos', en cuyo interior, tras comprar las sustancias estupefacientes, debían consumirlas obligatoriamente".

La base de la organización descrita por la Fiscalía estaba formada por 'trabajadores', que estaban por turnos en los inmuebles las 24 horas; 'responsables de los pisos', que controlaban la cantidad de droga en cada punto y llevaban la contabilidad; 'jefes de domicilios', que recaudaban las ganancias, resolvían conflictos y buscaban nuevos pisos para ocupar, y los 'suministradores', que conseguían las sustancias y las "cocinaban".

Los 'jefes de domicilio' tenían un "continuo contacto telefónico" con el resto de integrantes de la trama, por lo que en las conversaciones usaban términos como 'blanca', 'blando', 'tronchi', 'cronchi', 'cerveza', 'café' o 'tostada' para referirse a los distintos tipos de droga.

"CÉLULAS" INTERRELACIONADAS

Los acusados presuntamente "formaban parte de células o grupos" que se relacionaban entre ellos, de manera que la organización no era estanca, sino móvil, según los intereses personales de cada uno de los miembros y según las necesidades apreciadas por los jefes, ha descrito la Fiscalía en sus escritos.

El Ministerio Público ha considerado que nueve de los acusados eran los responsables de dirigir las distintas células que operaban en el Raval y la pena más alta que pide es de ocho años y medio para uno de ellos porque, además de presuntamente traficar y formar parte de la organización, tenía un arma de fuego.

Del total de acusados, 16 están en prisión provisional, y todos ellos se enfrentan a entre siete y ocho años de cárcel por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.