El Gobierno lleva al Constitucional las resoluciones del Parlament

 

Luis Planas, Isabel Celaá y Nadia Calviño/ EP

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 4 de octubre pedir al Tribunal Constitucional que advierta a la Mesa del Parlamento de Catalunya que algunas de las resoluciones que aprueba el legislativo incumplen las resoluciones del Tribunal.

El Gobierno reclama la Constitucional que suspenda varios acuerdos, los declare nulos y aperciba a los miembros de ese órgano de las responsabilidades en las que pueden incurrir.

En concreto, el Ejecutivo presenta lo que se denominan incidentes de ejecución de sentencia contra la aprobación por el Parlament el pasado 25 de julio de una resolución contra el Rey y otra en la que se reafirma en la defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya.

Según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá, el Gobierno entiende que se incumplen varias sentencias del Tribunal Constitucional con estos acuerdos, por lo que pide que sean anulados y suspendidos.

Reclama además al Tribunal que advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa de que es su obligación cumplir las sentencias e impedir iniciativas que las ignoren o eludan.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, 155...

El Ejecutivo ha advertido al Govern de los mecanismos que tiene a su alcance el Estado para responder a una eventual infracción de la legalidad por parte de la Generalitat: "Ley de Seguridad Nacional, 155 y puntos suspensivos".

Celaá ha avisado de que la Generalitat "es la única institución en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad".

Celaá ha recordado que el Gobierno tiene la "obligación constitucional de salvaguardar la libertad y seguridad de toda la ciudadanía", para lo que cuenta con "todos los mecanismos legítimamente democráticos" que le otorga la Constitución y las leyes "de los que hará uso si hay inseguridad o excepcionalidad". "Si no hay excepcionalidad no hay aplicación excepcional de los mecanismos que tiene legítimiamente el Gobierno a su alcance", ha abundado.

Entre ellos, ha citado, la Ley de Seguridad Nacional, que tiene como objetivo "salvaguardar el superior interés general" en caso de "emergencia o inseguridad" y que permite "coordinar a todas administraciones públicas con el fin de conseguir un resultado más eficiente".

Y también se ha referido al artículo 155, que dice, ha recordado Celaá, que aquella Comunidad Autónoma que no cumpliere las obligaciones de la Constitución o que las leyes le encomiendan, previo requerimiento al presidente de esa autonomía, el Gobierno solicitará a través de la mayoría absoluta del Senado la aplicación de ese artículo con el fin de "salvaguardar y garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad".

La portavoz ha recordado que el Tribunal Constitucional, a través de su sentencia, ofrece un "manual de instrucciones" sobre cómo se debe aplicar el artículo 155 que, dice el Alto Tribunal, ha de ser "subsidiaria, extraordinaria y temporal".

Celaá ha confirmado que un Gobierno en funciones puede solicitar la aplicación del artículo 155 si se produce un "incumplimiento de la legalidad". No obstante, ha afirmado que en la actualidad no se está "en el mismo escenario" que en 2017, cuando los independentistas vulneraron la Constitución con la celebración del referéndum del 1 de octubre y declaración la independencia de Catalunya.

EL PARLAMENT PUBLICA LAS RESOLUCIONES DEL DPG QUE EL GOBIERNO IMPUGNARÁ

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) ha publicado este viernes las propuestas de resolución aprobadas en el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada, entre las que se encuentran las tres que el Gobierno ya ha anunciado que impugnará.

En concreto, se trata de las propuestas de resolución que hacían referencia a la amnistía de los dirigentes encarcelados por impulsar el 1-O y a la petición de salida de la Guardia Civil de Catalunya.

La publicación de las resoluciones es un requisito necesario para que el Gobierno pueda presentar el recurso ante Tribunal Constitucional (TC) contra las mismas.

El lunes el Parlament había publicado las resoluciones que los grupos habían introducido en el Debate y las que habían transaccionado entre las formaciones, pero no las que se habían aprobado, un proceso que requiere del trabajo de los técnicos del Parlament que aglutinan las resoluciones aprobadas en un solo documento con apartados, que son los que pueden ser recurridos.

El primero de los apartados bajo el título 'Defensa del Estado de derecho y de los derechos civiles y políticos' recoge el punto por el que el Parlament pide "la retirada de Catalunya de los efectivos de la Guardia Civil".

"Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político centrada en perseguir determinados colectivos políticos y sociales, completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos", expone.

Esta propuesta salió adelante en la segunda sesión del Debate del pasado jueves con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, con la abstención de los comuns, y los votos en contra de Cs, PSC y PP.

El cuarto apartado, con el título 'Reconocimiento del ejercicio del derechos de autodeterminación y exigencia de la amnistía', constata desde la Cámara catalana que "la construcción de la república independiente es un objetivo legítimo y deseado por cada vez más ciudadanos y que es obligación de todas las fuerzas políticas construir los consensos para que el objetivo sea realizable en el marco del reconocimiento y ejercicio del derecho a la autodeterminación".

Reconoce que Catalunya ejerció "la autodeterminación en el referéndum del 1-O, celebrado en un marco de amenazas y represión ejercidas por el Estado antes, durante y después del referéndum, y constata que fue violencia física, ambiental y jurídica ejercida por el Estado".

Plantean la búsqueda de soluciones entre las que incluye el ejercicio del derecho de autodeterminación del que "dispone el pueblo catalán y también las vías que ya han ejercicio de forma legítima".

Este punto lleva al Parlament a reafirmarse en la resolución 1/XI de 2016, que "declaraba solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república".

Esa resolución, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) por inconstitucional, también declaraba que la Cámara catalana y el proceso de "desconexión democrática del Estado español" no se iban supeditar a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional.

DESOBEDIENCIA LEGÍTIMA

Ese mismo punto rechaza "las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado y, en especial de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo".

"Consecuentemente, afirma la legitimidad de las desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de los derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".

AMNISTÍA

Además, se recoge que la Cámara catalana "reconoce que el derecho de autodeterminación va necesariamente ligado a la defensa y la exigencia de una amnistía total".

Como parte del reconocimiento de ese derecho, afirma que "la amnistía tiene que anular todas las causas judiciales contra personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por defender los derechos políticos, sociales o civiles desde el derecho a la autodeterminación hasta el derecho a huelga en el marco de una legislación de excepción contra los derechos civiles y políticos".