Las universidades catalanas se pliegan a las exigencias del independentismo radical

 

Sapere Aude. Esta máxima debería de unir a todos los que confían en el papel de la universidad como garante de la libertad de pensamiento. Sin embargo, el 'procés' ha arrumbado las divisas clásicas.

Con la connivencia o incluso la colaboración activa de los despachos, la agitación en las aulas se ha convertido en otra de las herramientas del independentismo para propagar su mensaje. La consigna es clara: si no eres 'indepe', no eres bienvenido en este campus. Pero no todos están dispuestos a aceptar esta situación.

CLAUSTROS ACTIVISTAS

"Desde el comienzo del 'procés', se ha promovido que las universidades se pronuncien sobre cuestiones políticas que no tienen nada que ver con su función", afirma Chantal Moll de Alba, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona y miembro de Universitaris per la Convivència. "Esto se ha hecho para dar una sensación de unanimidad" --explica Moll de Alba--, "cuando la realidad es que toda la comunidad universitaria no piensa lo mismo".

Hasta la fecha, siete centros universitarios --la Universitat de Lleida (UdL), la Autònoma de Barcelona (UAB), la Politècnica de Catalunya (UPC), la de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF), la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y la Universitat de Girona (UdG)-- han exigido la libertad para los condenados por sedición en el fallo del Supremo.

La civilista señala a los claustros como responsables directos de la vulneración a la libertad ideológica de estudiantes y profesores contrarios al 'procés', máxime cuando sus posicionamientos en favor del independentismo no han sido refrendados por ninguna consulta a la comunidad universitaria. 

Moll de Alba apunta que los claustros podrían estar incumpliendo la doctrina del Tribunal Supremo, que reiteró en julio, a propósito de la adhesión del Colegio de Médicos de Barcelona a un manifiesto independentista, que "no es ajustado a Derecho que un colegio profesional tome oficialmente postura sobre cuestiones políticas que dividen a la sociedad y son ajenas a la función de defensa de los intereses profesionales".

ESTUDIAR: MISIÓN IMPOSIBLE

La publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O se ha convertido en una nueva excusa para sacudir la vida universitaria. Tras una primera huelga promovida por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), a la que han seguido varios incidentes durante esta semana, este mismo sindicato ha convocado un nuevo paro los próximos días 30 y 31 de octubre.

Los rectores y decanos han claudicado ante las demandas de los huelguistas. El Sindicat d'Estudiants, una asociación antisistema muy bien organizada --que incluso ha protagonizado episodios violentos en el pasado--, ha logrado un cambio del sistema de evaluación en la UB y la UdG. En ambas universidades, los estudiantes que lo prefieran, podrán abandonar la evaluación continua y acogerse fuera de plazo a un examen final. Otras universidades están estudiando esta medida, pero aún no han tomado ninguna decisión. 

Tampoco los equipos directivos han intentado preservar el orden público, sino que han avalado la instalación de barricadas y piquetes en los accesos públicos a las instalaciones intimidados por la beligerancia del Sindicat.

Sin embargo, el SEPC no tiene bastante: también quiere cambiar las fechas de los exámenes y extender estas medidas a institutos y centros de Formación Profesional. Julia Moreno, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la UAB y presidenta de S'ha Acabat! --entidad que agrupa a los estudiantes constitucionalistas--, cree que "la gente está harta de encontrarse que no pueden acceder a clase", por lo que espera que la huelga de finales de octubre "cuente con pocas personas y tenga un seguimiento mínimo".

S'ha Acabat! ha abanderado un movimiento contrario a la huelga bajo el lema 'Yo voy a clase' que consiguió superar las barricadas el pasado 24 de octubre. Moreno explica que "estas semanas lo que hemos hecho es acceder a clase si la gente lo quería y, de forma pacífica y con mucho orden, es lo que se ha conseguido en las diferentes facultades".

En S'ha Acabat! no están solos. También la Associació de Joves Estudiants de Catalunya (Ajec) ha criticado las reivindicaciones desde la universidad "disfrazadas de luchas estudiantiles", cuando realmente tienen un carácter político.

En un comunicado, han indicado que sienten tristeza ante estas reivindicaciones, que, "si bien tienen un amplio apoyo entre la comunidad estudiantil, no son una postura mayoritaria y no tienen derecho a forzar la paralización de la actividad académica en Catalunya".