Cerco de la fiscalía a Laura Borràs por unos presuntos contratos a dedo en su época en el ILC

Según publica este viernes en exclusiva EL PERIÓDICO la fiscal Teresa Duerto ha solicitado que el Tribunal Supremo investigue a la candidata de Junts per Catalunya por los contratos a dedo a un colaborador cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La jueza de Barcelona que ha tramitado la causa está ultimando  la remisión al alto tribunal de Madrid  porque es el órgano competente para decidir si investiga o no a Borràs por su condición de aforada, estatus que, según fuentes jurídicas, no ha perdido con la disolución del Congreso de los Diputados, al pertenecer a su diputación permanente. El órgano judicial resolverá primero si existen indicios suficientes para encausar a la candidata de JxCat y, si es así, es preceptivo solicitar a la Cámara baja el suplicatorio para interrogarla.

El pasado mes de julio, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, que ha investigado las presuntas irregularidades en el ILC, pidió al Congreso que le certificara si Borràs era diputada, a lo que los servicios de la Cámara contestaron que ese trámite  le pertocava  al presidente del Supremo.  Entonces el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, presentó un escrito en el juzgado de Barcelona en el que denunciaba que su clienta estaba siendo víctima de una investigación judicial "prospectiva".

Bajo la lupa de la justicia se encuentran, al menos, tres contratos por un valor de 45.550 euros a un antiguo colaborador de Borràs, I. H. F  de 2013 y el 2018, que comprende los años en los que la candidata al 10-N estuvo al frente de la ILC. Los investigadores sospechan que se habrían troceado el importe del coste real en diversos contratos que, por separado, no alcanzarían la suma de 18.000 euros. Este era el límite que la ley establecía entonces para que una administración contratara sin necesidad de abrir un concurso público. 

La entonces 'consellera' de Cultura negó los hechos y puso en un brete al 'conseller' de Interior, Miquel Buch, al afirmar que este le había asegurado que los Mossos no la estaban investigando. Unas declaraciones que provocaron que la jueza retirara la investigación a los Mosso y se lo encomendara a la Guardia Civil.