Denuncian la presión sobre los técnicos que concedieron el segundo grado a los presos del 'procés'
El sindicato UGT ha reaccionado contra las "batallas con intereses partidistas" por señalar a los funcionarios encargados de velar por la aplicación de la legislación penitenciaria bajo criterios técnicos.
La decisión sobre el grado penitenciario de los independentistas presos ha estresado como nunca a las juntas de tratamiento. Estos comités --formados por técnicos entre los cuales hay juristas, psicólogos y educadores sociales, entre otros profesionales, además de los responsables de la cárcel y un miembro de servicios penitenciarios -- son responsables de estudiar la clasificación de cada preso, su modalidad de aplicación de la pena y las actividades que debe realizar dentro de la prisión.
Aunque son juntas habituadas a tratar la situación de todo tipo de condenados, el caso particular de los políticos condenados por sedición por el Tribunal Supremo ha motivado discusiones importantes en torno a si debía concedérseles o no el tercer grado, como solicitaban algunos de sus abogados.
Como reveló el propio secretario de Medidas Penales del Govern, Amand Calderó, la decisión no se tomó en un clima de consonancia, sino después de un "intenso debate" en el que no hubo "unanimidad" entre los miembros de las juntas de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses.
Esta situación ha provocado que el sindicato UGT reaccione con un comunicado contra las "lamentables batallas políticas con intereses partidistas" por señalar a los funcionarios públicos encargados de velar por la aplicación de la legislación penitenciaria bajo criterios exclusivamente técnicos.
La organización sindical, mayoritaria entre los trabajadores de las cárceles catalanas, exige el "máximo respeto por la profesionalidad de los integrantes de los equipos técnicos y por las decisiones colegiadas de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, y rechazamos cualquier intento de cuestionar el rigor y objetividad con la que se actúa diariamente".
Esta decisión es aún más importante cuando la clasificación de los presos podría volver a variar en un futuro, cuando se examine la modalidad concreta del segundo grado que deberían tener los reclusos del 'procés'. Desde el sindicato piden a los partidos políticos que se centren en mejorar el sistema penitenciario catalán, antes que tratar de mediatizar las decisiones profesionales que debe tomar cada centro respecto a sus internos.
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