Las obras en la sede de Podemos podrían llevar el partido ante los tribunales

 

Se acumulan las presuntas irregularidades en torno al partido morado: a los sobresueldos y facturas infladas, se añaden las obras sin concurso abierto de su cuartel general. Según informa 'Vozpópuli', las obras de reforma en la sede de Podemos se realizaron sin concurso público pese a que su cuantía excedía los 40.000 euros.

La ley 9/2017 establece que si se supera este umbral, debe realizarse una licitación y concurso abierto para determinar el adjudicado de la reforma. Sin embargo, el partido morado no siguió este proceso y encargó la reforma al arquitecto Manuel Campos.

En la propia formación, según las fuentes consultadas por el digital, asumen que esta actuación podría ser irregular y que los tribunales quizá investiguen cómo se financió y se ejecutaron las obras. "Que la justicia investigue", informan esas fuentes internas.

LA SALIDA DE LOS EXABOGADOS, EL DETONANTE

Tras la salida del partido de José Manuel Calvente Redondo y Mónica Carmon Segura, se han ido conociendo un conjunto de casos que apuntan hacia diversas irregularidades que habrían cometido los morados. Primero saltaron a la luz pública los sobresueldos que algunos representantes morados habían percibido y, más adelante, la sospecha de que algunas facturas encargadas a empresas vinculadas con la cúpula estuvieran infladas.

En concreto, el hecho de que Neurona Consulting, compañía de asesoramiento boliviana en que Monedero figura como 'director', haya sido agraciada con varios encargos por parte de Podemos hace saltar las alarmas. Neurona está siendo investigada por el Gobierno interino de Bolivia, y podría haber obrado como una fuente de financiación para la organización a través de los contactos de Monedero con la república sudamericana.

De hecho, algunos cargos del partido temen que este asunto termine ante el Tribunal de Cuentas. El organismo auditor podría analizar meticulosamente las cuentas de Podemos para averiguar si parte de su financiación procede del extranjero, algo tajantemente prohibido por la ley de financiación de partidos políticos.