Junqueras debe pagar más que Puigdemont de los 4,1 millones reclamados por el Tribunal de Cuentas

 

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes 28 de enero al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todo su Govern la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el 1 de octubre, que ha cifrado en 4.146.000 euros, según han informado fuentes jurídicas.

La  fianza que tendrá que ser depositada de forma solidaria por los investigados en el plazo de 15 días. Pero según el tribunal, no todos han participado de las mismas partidas de gasto. De hecho, atribuye al ex vicepresidente Oriol Junqueras más responsabilidad en el gasto por el referéndum, que al expresidente de la Generalitat.

El órgano fiscalizador cree que el exvicepresidente tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros, que tendrá que depositar de forma solidaria junto con otros miembros del Govern. Mientras, considera que Puigdemont participó de partidas que suman 2,1 millones -algunas de ellas coincidentes con las de Junqueras y por eso no se puede realizar una suma de ambas, ya que se trata de fianzas solidarias.

La delegada instructora ha levantado este martes un acta de liquidación provisional en la que cifra en 4.146.274,97 euros los gastos del 1-O, de los cuales 3.903.294,86 euros corresponden a los fondos públicos y el restante a los intereses provisionales devengados desde que ocurrieron los hechos.

Ha concretado la cantidad que se invirtió en distintos bloques -'referendum.cat' y 'crida extra', CTTI, creación y del registro de residentes en el exterior, difusión en prensa escrita de dicho registro, diseño y activación del registro, campaña civisme, Unipost, cartelería, campaña internacional imagen generalitat, invitación a grupos parlamentarios europeos, equipos de expertos IEERT. Helena Catt, Observadores Internacionales Paul Sinning y la web 'cataloniavotes.eu'- así como los presuntos responsables en cada uno de ellos.

El órgano fiscalizador ha citado a partir de las 09.30 horas a las defensas de Puigdemont, el que fuera su número dos en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 29 personas, entre ellas exconsellers y altos cargos, para comunicarles el acta de liquidación provisional con la cuantía que la instructora considera que se ha malversado para celebrar el referéndum ilegal del 1-O.

POSIBLES EMBARGOS

Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

Este procedimiento es el mismo que en 2017 se inició contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas a quien se consideró el máximo responsable del coste de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por lo que le obligó a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que supuso el importe total de todas las fianzas fijadas. De este modo, Mas tuvo que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no pudieron afianzar.

Previsiblemente, este mismo sistema se aplicará a Puigdemont, por lo que será responsable de que se devuelvan los 4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas estima que se desviaron de fondos públicos para la votación.

Entre los investigados, además del expresidente y de Junqueras -condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el 'procés' independentista-, se encuentran los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

También se ha citado este martes, entre otros, a los representantes legales de la exconsellera Neus Munté y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové --uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez-- y Josep Ginesta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

El procedimiento comenzó por la denuncia que Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron en el Tribunal de Cuentas.

FISCALÍA NO CONCRETÓ LA CIFRA

En el caso del Ministerio Público, no se fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También destaca que la "acción de la presidencia catalana" en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

Por su parte, los otros dos demandantes consideran que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.

La magistrada instructora ha tenido también en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el procés independentista, que se remitió al Tribunal de Cuentas, dado que no puede reclamar el dinero, ya que la competencia es del órgano fiscalizador.

El alto tribunal cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista y condenó por el delito de malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.