El sector de la discapacidad denuncia directrices médicas discriminatorias

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal plataforma de defensa del colectivo en Catalunya, denuncia la aplicación de directrices éticas médicas que discriminan a las personas con discapacidad en la atención sanitaria.

La pandemia del COVID19 está poniendo a prueba nuestra sociedad, ya que su virulencia está generando desequilibrios entre necesidades y recursos asistenciales, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho para aumentar la capacidad de nuestro sistema sanitario. Esto obliga, de forma inevitable, a establecer criterios que permitan a los profesionales tomar decisiones rápidas ante situaciones complejas.

En este sentido, a pesar de la previsibilidad de esta situación, ni la comunidad científica ni las autoridades responsables de las políticas sanitarias de nuestro país han sido capaces de consensuar y armonizar una guía de criterios para acompañar a los profesionales sanitarios en su práctica en la priorización, no para denegar o limitar la asistencia sanitaria. Esta circunstancia ha hecho que, en los últimos días, hayamos asistido a la publicación de diferentes guías de recomendaciones, algunas de ellas elaboradas por la propia administración pública, en la que se hace referencia a criterios de dependencia, fragilidad y edad y, por lo tanto , que valoran la situación personal en lugar del estado de salud de la persona enferma y que, en consecuencia, pueden ser discriminatorias.

"No estamos ante una situación que sólo tiene lugar en Cataluña, sino que también se están aplicando los mismos criterios en países como el Reino Unido o Italia", afirma Antonio Guillén, presidente del Comité, quien añade: "somos conscientes de la escasez de recursos y la elevada presión asistencial en el sistema sanitario, pero esto no puede llevar a prácticas discriminatorias de priorización amparadas en la supuesta menor esperanza de vida de las personas y que son contrarias a su dignidad ".

En este sentido, el Comité de Bioética de España se pronunció hace unos días en un informe sobre priorización de recursos en la actual crisis de salud pública y advirtió que la toma de decisiones debe hacerse teniendo en cuenta los criterios de equidad y de protección ante la vulnerabilidad: "la discapacidad no puede ser nunca por sí misma un motivo que priorice la atención de aquellos que no tienen discapacidad". Este comité recuerda en el informe que las personas con discapacidad son todavía en nuestro un colectivo social sometido a "discriminación estructural y sistemática".

En este mismo sentido también se ha pronunciado el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien destacó que la COVID19 representa una amenaza global y las personas con discapacidad no se pueden dejar de lado, sino que hay proteger todas las personas, independientemente de si tienen o no discapacidad.

"Las administraciones públicas y los profesionales de la salud, tanto de la red pública como privada, deben garantizar una atención sanitaria equitativa y sin discriminaciones en situaciones extraordinarias de emergencia pandémica, y garantizar la protección al derecho a la vida sin excepciones", afirma Guillén, quien continúa: "los prejuicios y estigmas contra las personas con discapacidad aún están muy arraigados en nuestra sociedad, también en la práctica médica y científica. Por eso, ahora más que nunca, tenemos que garantizar la diversidad en nuestra sociedad y el valor que todas las vidas enriquecen nuestra comunidad ".

Por todo ello, el COCARMI exige la unidad de criterio de los comités de ética asistencial de los diferentes centros hospitalarios para asegurar la no discriminación por razón de edad o de discapacidad, así como garantizar la formación y capacitación del personal sanitario involucrado en la respuesta a la crisis de la pandemia sobre los derechos de las personas con discapacidad.