El Govern se enroca en unos presupuestos previos al Covid-19 que para la oposición nacen "caducados"

 

La pandemia no ha modificado un ápice los planes del Govern. En la sesión del Parlament celebrada el pasado viernes --que contó con un aforo limitado de 21 diputados--, el Ejecutivo catalán sometió a votación su ley de presupuestos para 2020 elaborada antes de que estallase la pandemia.

Las cuentas salieron aprobadas con los votos a favor de JxCat y ERC, la abstención de los comuns y la oposición del resto, tres años después de la aprobación de las últimas cuentas catalanas, que se han ido prorrogando desde entonces, y sin incluir la crisis de la pandemia de coronavirus.

Según el vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, las cuentas públicas para 2020 son "la primera piedra de reconstrucción" ante la crisis del coronavirus, pero la oposición advierte de que los presupuestos han sido diseñados previamente a las nuevas necesidades de la sociedad catalana.

El propio Aragonès ha reconocido que el Presupuesto de 2020 no estaba pensado hace seis meses para la pandemia, pero lo justifica porque "da muchas más herramientas que unos prorrogados de hace tres años".

LA OPOSICIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS: "PAPEL MOJADO", "ESTÉRILES" Y "CADUCOS"

Quien ha sido más tajante en su crítica ha sido Ciudadanos, que ha calificado las cuentas públicas como "papel mojado". "No han sido capaces ni se han planteado adaptar estas cuentas para que sean útiles en estos momentos", ha afirmado el diputado José María Cano en su intervención durante el debate parlamentario.

Cano ha insistido en que estas cuentas se presentaron en la Cámara en enero, cuando el escenario económico y social "no tenía nada que ver" con el actual, y ha señalado que ahora la prioridad debe ser salvar vidas y empleos.

El grupo socialista tampoco ha escatimado en las críticas al proyecto presentado por el Govern. La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha sostenido que son unas cuentas "estériles de un Govern agotado y dividido", y ha pedido al Ejecutivo de Quim Torra que busque al resto de grupos parlamentarios para acordar las modificaciones para adaptarlas a la crisis por el coronavirus.

Romero ha pedido al Govern que convoque a todos los grupos para abordar estas modificaciones y que no limite estas conversaciones a los comuns, con los que ha alcanzado el acuerdo presupuestario: "Debe escuchar a todos, y que todo el mundo pueda aportar".

El Partido Popular ha adoptado una posición similar en su toma de posición sobre el proyecto de presupuestos. El diputado Santi Rodríguez ha reclamado que se reorienten las cuentas hacia más políticas de carácter social y económicos y se elimine gasto identitario.

"Tendremos más gasto, menos ingresos, saltarán por los aires las previsiones de estabilidad. Tendremos que priorizar y hacerlo bien", ha subrayado.

Tampoco la CUP considera que sean unos presupuestos vigentes. Para la diputada Maria Sirvent nacen "caducos y abocados" a cambios motivados por la erosión económica que dejará la pandemia. "Son una nueva condena a las clases populares", ha proclamado en el pleno, y ha sostenido que las cuentas priorizan el pago de la deuda por encima de la educación y la sanidad.

LOS COMUNS PIDEN UN PLAN DE CHOQUE POSTVIRUS

Los comuns, corresponsales de los presupuestos nacidos de una negociación con el Govern, han manifestado su apoyo al proyecto apoyándose en la "reforma fiscal progresiva y valiente" que incorpora la ley. Con todo, Jessica Albiach no ha escatimado en críticas al Ejecutivo liderado por Torra: "Nosotros sabemos quién es este Govern: los mismos que están en contra de subir los impuestos a los ricos y que mercantilizan las residencias y privatizan la sanidad, pero dejaremos que Catalunya tenga presupuestos porque es una cuestión de responsabilidad", ha apuntado durante una de sus intervenciones.

Por eso ha instado al Govern a que vaya más allá de las cuentas de 2020 desarrollando un plan de choque para garantizar los servicios públicos, en especial las partidas de salud, además de apostar por una renta mínima que beneficie a las familias más necesitadas.