Dos demandas acusan a la presidenta de El Corte Inglés de fraude fiscal por una adopción fraudulenta

 

La guerra interna en la cúpula de El Corte Inglés escala en el frente judicial. Hay por lo menos dos querellas que denuncian un supuesto fraude fiscal que afectaría a la presidenta no ejecutiva, Marta Álvarez.

El primer demandante fue, según Vozpopuli, César Areces, sobrino del impulsor del grupo, el difunto Ramón Areces.

Marta Álvarez durante un Consejo de Administración de El Corte Inglés en una imagen de archivo

Su acusación estima que Isidoro Álvarez, sobrino de César Areces y su sucesor en la presidencia,  adoptó fraudulentamente a Marta Álvarez y Cristina Álvarez. El objetivo sería evitar el pago de 900 millones del impuesto de sucesiones. 

Isidoro Álvarez se casó en 1992, cuando tenía 57 años, con María José Guil. Doce años después, en 2004, adoptó a las hijas de Guil de una relación anterior, Marta y Cristina. 

Unas adopciones consumadas con "la única y espurria finalidad de evitar el pago de impuestos", denuncia el demandante, según el citado diario. En 2004, cuando se consumaron esas adopciones, Marta y Cristina eran ya dos personas adultas, de alrededor de 40 años, casadas y sin problemas económicos.

La Ley vigente entonces prohibía adoptar a personas con las que no se hubiera convivido por lo menos 12 meses antes de que los adoptados cumpliesen los 14 años. Algo imposible en este caso, según la demanda, pues Guil y Isidoro Álvarez no mantenían ninguna relación cuando Marta y Cristina tenían menos de 14 años. 

Todo sería un supuesto fraude de ley, una "adopción efectuada ad hoc", según la acusación, para aprovecharse que en 2003, el Gobierno de Madrid anunció una gran rebaja del impuestos de sucesiones para herederos que fuesen hijos naturales o adoptados. 

SEGUNDA DEMANDA CONTRA LAS ADOPCIONES

A este punto de vista se ha sumado otro familiar recientemente, María Antonia Álvarez. La hermana de Isidoro Álvarez ha presentado otra querella en términos similares pero por la vía penal, según informa Hispanidad.

María Antonia Álvarez es la madre de Dimas Gimeno, quien fue presidente de El Corte Inglés entre 2014 y 2018, desalojado del cargo mediante un tras un conflicto accionarial que lo enfrentó a sus primas, las presuntamente adoptadas fraudulentamente, Marta y Cristina.

BLANCO BALÍN, UN VIEJO CONOCIDO DE LAS HEMEROTECAS

Un verdadero 'culebrón' familiar que, además de sus evidentes potenciales repercusiones económicas, también tiene una vertiente política. 

En primer lugar, porque la Comunidad Autónoma de Madrid tiene la posibilidad de personarse en el conflicto y así intentar recuperar 900 millones para el erario público. ¿Lo hará el Ejecutivo de Díaz Ayuso? El Gobierno madrileño no ha movido fecha por ahora, aunque es improbable que busque conflicto con los que controlan el accionariado de una de los mayores empleadores en esa autonomía.

En segundo lugar, porque uno de los acusados en la primera querella es Ramón Blanco Balín. Un empresario muy bien relacionado con el PP y que estuvo imputado en el caso Gürtell por presuntamente blanquear dinero de la trama corrupta. Blanco, según la acusación citada por Voz Populi, fuel el asesor fiscal que gestionó las adopciones.

El revuelo judicial está en manos del magistrado Manuel García - Castellón. Cesar Areces pidió a la Audiencia Nacional que investigue a este juez, argumentando que ha cobrado durante años como docente de la Fundación Ramón Areces, según Hispanidad.

Este embrollo llega en un momento delicadísimo para El Corte Inglés. Tras años muy difíciles en los que ha tenido que vender activos para capear el temporal, el gigante comercial se enfrenta a una fuerte reducción por la caída de ventas provocada por la crisis del coronavirus.