La Fiscalía permite que Artur Mas pueda cobrar como expresidente pese a la condena del 9N

 

La Fiscalía Superior de Cataluña se ha inclinado este viernes por que Artur Mas pueda cobrar su salario de expresidente de la Generalitat pese a la inhabilitación de un año y medio al ser condenado por impulsar la consulta del 9N.

El fiscal apunta a que una "interpretación restrictiva de la pena" no impide que conserve el sueldo de expresidente, y argumenta la diferencia entre los honores asociados al cargo (como el título de Muy Honorable) y los derechos (en los que incluye el salario).

Además, señala que la legislación prevé el sueldo de expresidente como una compensación por las incompatibilidades del cargo, por lo que la Fiscalía argumenta: "Una interpretación restrictiva de la pena, acorde con el principio de legalidad, impide extender el concepto de honores anejos al cargo de Presidente de la Generalitat, sobre el que recae la pena de inhabilitación especial, al derecho a percepción de la pensión compensatoria".

La Fiscalía responde en este informe a la petición de la Sala para posicionarse sobre la pensión compensatoria de Mas, después de que la Generalitat haya explicado que el expresidente no ha recibido prestaciones del Govern desde la sentencia del 23 de enero de 2019, pero sí mantiene el sueldo de expresidente, que ya recibía cuando fue condenado.

"FALTA DE ESPECIFICACIÓN"

Aun así, el fiscal ha recomendado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que revise si la sentencia que inhabilitó a Artur Mas por el 9N permite que siga cobrando el sueldo de expresidente, y destaca "la falta de especificación en la sentencia" en cuanto a los cargos, empleos y honores a los que afecta la inhabilitación.

Apunta a la posibilidad de un "planteamiento de un incidente contradictorio en ejecución de sentencia que debería resolverse al comienzo de la ejecución de la pena", es decir, que los magistrados estudien la parte específica de la sentencia que afecta a la pensión de expresidente.

El informe también apunta que la legislación prevé la posibilidad de que el Parlament revoque los derechos vinculados al cargo en caso de una condena a un presidente o expresidente: lo debe aprobar con mayoría de dos tercios.