​El fiscal mantiene el delito de sedición en la acusación contra Trapero

Sin embargo, se aviene a que sea condenado solo por desobediencia, por lo que no iría a la cárcel. 

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El mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, a su salida de la Audiencia Nacional

 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera probado que el ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero fue un elemento indispensable para la actuación de la policía catalana durante el referéndum del 1 de octubre.


El mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, a su salida de la Audiencia Nacional



Por ello, ha defendido la acusación de sedición, la misma que se aplicó a los políticos y líderes sociales encarcelados, ya que considera que actuó en connivencia con los dirigentes políticos. Por ello reclama la misma pena ya que considera que se trata de los mismos delitos.


De todas formas, el propio fiscal encargado del caso ha propuesto que el ex jefe de la policía catalana pueda ser condenado por un delito de desobediencia, que no conllevaría una pena de cárcel.


El fiscal ha puesto en duda las argumentaciones esgrimidas por Trapero en su defensa y le ha responsabilizado de la pasividad mostrada por los Mossos durante el 1-O. "Hubo tibieza y dejación consciente y voluntaria de sus obligaciones", ha afirmado. "Es evidente que no tenían ningún deseo de evitar el 1-O", ha añadido.


El acusador público también ha defendido que la actuación de la policía autonómica "fue indispensable para la comisión de los delitos" y que la postura de mantener la paz social fue "solo una excusa".


También ha puesto en duda el argumento de la defensa de que el mayor de los mossos tenía un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Es curioso que hubiera tanta pasividad durante el 1-O y que después se argumente que estaba dispuesto a detener a Puigdemont", ha afirmado el fiscal con cierta ironía.


Junto a Trapero se sientan en el banquillo de los acusados el ex director general del Cuerpo Pere Soler, el ex secretario de la consejería de Interior César Puig y la intendente Teresa Laplana.

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