La sanidad privada culpa al Gobierno de descuidarla

 

La Sanidad privada probablemente esté pasando su peor momento debido a la crisis del coronavirus. Según menciona La Razón, las clínicas y centros de titularidad privada que acudieron en socorro del sistema público adelantando el coste de la asistencia y los tratamientos de los miles de pacientes contagiados por el Covid-19 siguen sin haber cobrado nada por ello. 

Según ha podido saber el periódico mencionado, la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE), patronal que representa a alrededor del 80% de los centros hospitalarios no públicos que operan en España, acusó ayer al Gobierno de dejar "abandonado" a este sector, y a las autonomías, de no abonar las compensaciones exigibles.

Aspe especifica que lleva tres meses solicitando al Ejecutivo ayudas y compensaciones para paliar el daño económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollado durante la pandemia de salud pública, y consecuentemente, el impacto en el sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral. 

Además, Aspe alerta además del riesgo de "quiebra asistencial y financiera" de un sector que representa el 3,4% del PIB y emplea a alrededor de 266.000 personas. Según la patronal, aproximadamente 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados al cierre.

También lamenta que el Gobierno, a través de Sanidad, no le haya prestado atención a la petición de las clínicas de medidas fiscales y financieras tras la situación extrema que han vivido. La sanidad privada ha sufrido un agudo descenso de ingresos y no ha sido capaz de poner en marcha medidas de reorganización laboral de las que se han beneficiado otros sectores. 

Además, ha confirmado que a pesar de que se han reducido drásticamente los contagios por Covid-19 respecto a hace dos meses, apenas atienden un tercio de las consultas que registraban antes por el miedo al contagio y las medidas de seguridad y secuenciación de visitas. En un comunicado, la organización que preside Carlos Rus recuerda que en una reunión de principios de junio, el ministro de Sanidad, Illa, prometió una respuesta en diez días a la solicitud de medidas específicas fiscales y para dotar de liquidez a las clínicas. 

La Razón indica que entre ellas figuraban compensaciones por la atención de pacientes derivados desde la sanidad pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de Sanidad autonómicas, así como un IVA superreducido sobre compras de equipos y suministros. El sector también pidió ser considerado en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros.