​El Supremo cita a declarar a Laura Borràs el 22 de julio

 

El Tribunal Supremo ha citado a la diputada de Junts per Cat Laura Borrás para que preste declaración como imputada el próximo 22 de julio. La diputada está acusada de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres, instruye el caso relacionado con las presuntas irregularidades cometidas por Borràs cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), adjudicando a un amigo suyo contratos sin pasar por el trámite de un concurso público.

La diputada ya fue llamada de declarar voluntariamente el pasado mes de febrero, pero se negó a acudir, por lo que el magistrado tuvo que pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados, que finalmente fue concedido, aunque la diputada intentó evitarlo apelando a su condición de independentista y a la presunta campaña de la justicia española contra el independentismo.

Según la acusación, la ahora diputada otorgó a su amigo Isaías Herrero, que también está siendo investigado, varios contratos con la ILC de forma ilícita. Ambos llegaron a un acuerdo para el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros".

Este procedimiento evitaba que los contratos tuvieran que salir a concurso, por lo que la entonces directora de la institución presuntamente los concedía a dedo a su amigo  "con la intención de favorecerlo personalmente, directamente o a través de las entidades tras las que se ocultaba". El total adjudicado a Herrero ascendió a 259.863 euros.

Las principales pruebas de la acusación son una serie de correos entre ambos acusados intervenidos por los investigadores en los que se desvela el sistema utilizado para intentar dar apariencia de legalidad a los trámites. Así, Borràs aconsejaba a Herrero cómo presentar los presupuestos diferenciados para llevarse las adjudicaciones.