​El juez llama a declarar a Corinna Larsen y a Juan Villalonga por las grabaciones sobre Juan Carlos I

 

La Audiencia Nacional ha reabierto el llamado caso 'Carol' y ha citado a declarar como investigados a Corinna Lasen y al ex presidente de Telefónica Juan Villalonga. Ambos deberán prestar declaración por las grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo en las que se acusa al rey emérito Juan Carlos I de presuntos cobros de comisiones ilegales.

Esta es una pieza separada de la macrocausa Tándem por la que se investigan las grabaciones del excomisario y las acusaciones que se hacen en ellas contra el rey emérito por el presunto cobro de comisiones por la construcción del AVE a La Meca en el que participaron vrias empresas españolas.

Ha sido el juez de la Audiencia Nacional  Manuel García Castellón el que ha reabierto la causa 'Carol' tras recibir nuevos informes de la policía del material intervenido en los domicilios de algunos de los investigados.

En concreto, la reapertura de la pieza se dirige a esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna Larsen a Villarejo que buscaría la obtención de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, "sin perjuicio de que ello pueda llevar a otros tipos de infracciones".

El instructor detalla una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Corinna Larsen -encontrada en un archivo localizado en casa del comisario- en la que ella expone sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.

LOS MEJORES

El comisario, que está en prisión provisional desde noviembre de 2017, ofreció sus servicios "de forma insistente" y asegurando que disponía de "los mejores especialistas del mundo". Le comenta también la "capacidad de localizar bienes de cualquier persona en cualquier parte del mundo".

Ambos hablan de "un tal Juan", que para el magistrado es Juan Villalonga, "como la persona que les puso en contacto y quien le dijo a Villarejo, según este mismo refiere, que tenía que ayudar a Corinna 'a muerte'".

Según el auto, en esta conversación el comisario pidió a la empresaria alemana teléfonos y demás información de su asistente, datos que le facilitó. También le dijo que en cuanto tuviera alguna información sobre el encargo, se lo haría saber "mediante un mensaje o personalmente".

"Corinna le da los datos de la persona, su nombre, apellidos y estado civil y explica cómo aparece en su vida esta mujer. Él le dice que va a analizar el tema a ver qué sale. Villarejo le dice que en un mes o mes y poco tendrá los datos, pero aparte de esto, si ella necesita cualquier cosa de cualquier parte del mundo, se le ofrece para facilitarlo, a lo que Corinna le responde que pueden hacer buen negocio", explica el juez.

POSIBLE CONTRATO

El juez considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que en tal caso podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que habrían intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.

Dado que el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, García Castellón acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos.

El juez argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucraba recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía.

En el marco de esta actuación criminal, añade el auto, "pudiera haberse producido algún tipo de encomienda por parte de Corinna Larsen a José Manuel Villarejo para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información".

El juez recuerda que la investigación que dio lugar a la presente pieza separada arranca del hallazgo de unos archivos, de los que se desprenden diferentes y variados hechos que revisten la apariencia de infracción penal. Así, hace referencia al registro por parte de Villarejo de una conversación de índole privada en un domicilio particular y añade que se desconoce si los intervinientes en la misma eran conscientes de que estaban siendo grabados. Del contenido de tales conversaciones parecen inferirse, explica, una serie de infracciones penales del relato expuesto por Corinna Larsen en los audios.