El miércoles, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena de Ismael Álvarez, exalcalde de Pallejà, a 15 meses de prisión y ocho años y medio de inhabilitación. El exalcalde convergent fue condenado en 2018 por  por moobing al hacer una "campaña de hostigamiento a una interventora municipal", Gemma Vigatà, quien abrió un expediente disciplinario tras denunciar al exgerente del Ayuntamiento por acoso sexual.

Aunque la condena ya se conoció en septiembre de 2018, el exalcalde interpuso un recurso con la intención de librarse de la cárcel, pero finalmente el Tribunal Supremo avaló la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que consideró que Álvarez era autor de un delito contra la integridad moral y también de un delito de prevaricación y que, además de condenarlo a la cárcel e inhabilitación, también le reclamó al político una indemnización de 3.000 para Gemma Vigatà por daño moral. 

En una segunda sentencia el Tribunal de Cuentas ratificó las irregularidades económicas de ue se acusó a Álvarez y lo condenó a devolver el dinero de los fondos públicos que había gastado la Visa del Ayuntamiento. Gastos que incluían, por ejemplo, la gasolina del depósito de vehículo familiar. 

PERSECUCIÓN CONTINUADA

La sentencia de la Audiencia de Barcelona consideró que quedaba probado que el ex alcalde había cometido actos hostiles sistemáticamente contra la interventora, que finalmente renunció a su empleo. Vigatà explicó que desde 2011 había sufrido una persecución continuada por parte del exalcalde tras negarse a obedecer órdenes "injustas, ilegales y arbitrarias", y que el acoso no terminó hasta que Álvarez perdió las elecciones y dejó el cargo.

Tras un tiempo sufriendo hostigamiento laboral y personal, Vigatà interpuso una acción penal contra el exalcalde y denunció también que Ismael Álvarez había retenido las nóminas del personal e interceptado documentos en los que se demostraban supuestas contrataciones irregulares. Además fue ella quien explicó el uso irregular de la Visa del Ayuntamiento y dijo que abandonó su lugar de trabajo por la presión que sentía.

Álvarez explicó que nunca tuvo la intención de forzar a Vigatà a renunciar a su empleo, aunque el tribunal ve en sus actos "una misma y continuada intencionalidad: el obstinado deseo de torcer la voluntad de la interventora para que dejara su puesto de trabajo".

La sentencia que recoge, después de la denuncia por acoso sexual, el exalcalde requirió a la mujer para que dejara el trabajo, y que después inició el acoso laboral contra ella.

"Para continuar con esa campaña de acoso se la expulsó de forma pública del puesto de trabajo y se dio a conocer a los medios de comunicación todo este conflicto. Y una vez que toda esa estrategia había fracasado, continuaron los actos de acoso y hostigamiento como la retirada del teléfono", el cambio de despacho y la retirada de las llaves, señala la Sala.

ACOSO SEXUAL DE OTRO COMPAÑERO

La historia se remonta a años antes. Vigatà trabajaba con Manuel Rodríguez, el gerente del Ayuntamiento de Pallejà, e interpuso una denuncia contra él por acoso sexual. Rodríguez fue imputado y suspendido de empleo y sueldo, aunque Vigatà explicó que era un montaje y que seguía cobrando su sueldo ya que el alcalde y él tenían mucha confianza. Aunque fue probado que Rodríguez le había pedido mantener relaciones sexuales, el exalcalde pidió a Vigatà que abandonara el Ayuntamiento y interpuso una querella contra ella por injurias. Incluso ordenó que se le prohibiera sacar su ordenador del despacho y la invitó a irse de vacaciones. También la cambió a un despacho con las sillas rotas y redujo su equipo de 4 a 1 personas. 

Después de todo, Álvarez pasó a ser asesor del PDeCAT en el Área Metropolitana de Barcelona.