Torra da el primer paso para que la Generalitat se persone en la causa del 3%
En un comunicado, destacan que es "un primer paso necesario" para que los servicios jurídicos de la Generalitat puedan realizar un análisis del material incorporado en la causa y evaluar si ha habido perjuicio patrimonial.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenado este lunes al director del gabinete jurídico, Francesc Esteve, que el Govern se persone en la causa del 3% de presunta financiación irregular, que afecta a CDC y al PDeCAT, "para poder acceder a la instrucción del caso y al sumario".
En un comunicado, se considera "un primer paso necesario" para que los servicios jurídicos de la Generalitat puedan realizar un análisis del material incorporado en la causa y evaluar si ha habido perjuicio patrimonial.
Todo ello después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictara a finales de julio un auto en el que propone juzgar a los exgerentes de CDC Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germà Gordó, al exresponsable jurídico del partido Francesc Sànchez, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Si tras el análisis de las diligencias practicadas se desprendiera que ha habido un perjuicio para la Generalitat "se formulará escrito de acusación", subrayan.
La Generalitat se personará en calidad de acusación particular por si, tras analizar las diligencias practicadas, se considera que ha sido perjudicada.
CARTA
En la carta que Torra ha enviado a Esteve, asegura que es "necesaria la comparecencia" en este procedimiento en defensa de los intereses de la Generalitat dado que de los hechos, datos y circunstancias del caso podrían derivarse hechos constitutivos de delito que pueden haber provocado un perjuicio a la institución catalana.
Por ello, ve "procedente" que se comparezca en calidad de acusación particular a la espera de que se determinen si ha existido un perjuicio y de que se ejerciten las acciones oportunas contra las personas directamente responsables de estos hechos constitutivos de delito, así como contra cualquier otra persona que hubiera colaborado de forma activa y fuera responsable penal.
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