​El Gobierno pide retrasar la edad de jubilación y dice que el sistema de pensiones es sostenible

 

El Gobierno quiere que los ciudadanos retrasen de forma voluntaria su edad de jubilación. Está dispuesto para ello a bonificar a aquellas personas que opten por continuar en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación. Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

Además, se ha mostrado partidario de acabar cuanto antes con las prejubilaciones, limitándolas y desincentivándolas. Escrivá ha constatado un aumento de las jubilaciones anticipadas, hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad".

Según Escrivá, retrasar la edad de jubilación puede resultar atractivo a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2 %, ha precisado.

En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4 %, en la media.

El gasto en pensiones en España es del 10,9 %, frente a la media del 12,4 % del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad".

SOSTENIBLE

Tras asegurar que el impacto del Covid en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria", ha indicado que la pandemia ha traído "mucha incertidumbre", por lo que ha apelado a la responsabilidad para dar un marco de referencia a medio plazo "estable y creíble" a pensionistas y a trabajadores próximos a la edad de jubilación.

Escrivá ha previsto que el déficit de la Seguridad Social aumente del 1,3 % de PIB en el que cerró en 2019 al 2 % del PIB este año como consecuencia principalmente de la caída del PIB y del retroceso "significativo" de ingresos, que se recuperará a partir del próximo año.

Asimismo, ha precisado que este año se está produciendo una aportación extraordinaria del Estado para gastos extraordinarios por el Covid de 14.500 millones que irán dirigidos a la exoneración de cuotas en los ERTE, la prestación extraordinaria por autónomos, la prestación por incapacidad temporal por Covid y el ingreso mínimo vital.

ELIMINAR GASTOS

Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4 % en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones.

En este sentido, ha apuntado que la previsión de déficit del 1,4 % del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6 % del PIB (22.871 millones), por lo que la reducción de los gastos impropios permitiría eliminar el déficit previsto. 

Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planes (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).