El Plan General Metropolitano de Barcelona para la vivienda pública no funciona, según el sector inmobiliario

Así lo han señalado en un comunicado conjunto diversas asociaciones

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Llaves de una vivienda

 

El sector inmobiliario ha asegurado este martes que, dos años después de aprobarse la modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano, ésta "no ha supuesto ninguna mejora en el parque público de vivienda de la ciudad".


Llaves de una vivienda




Así lo han señalado en un comunicado conjunto el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (Apce), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Collegi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya.


Han criticado que desde que se aprobó la modificación no se han hecho públicos los datos de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30%, los cuales que han sido reclamados "en reiteradas ocasiones" por el sector.


También han lamentado que en estos dos años no se ha reunido nunca la comisión de seguimiento y evaluación de la implementación de la modificación del Plan General Metropolitano.


Han alertado de "connotaciones negativas" que esta regulación está teniendo sobre el mercado de la vivienda en Barcelona, como la reducción del valor del suelo y de las edificaciones existentes y la falta de viabilidad de la rehabilitación para la propiedad.


DESEQUILIBRIO OFERTA-DEMANDA

Consideran además que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias tiene su origen en el "grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente y la ausencia de políticas públicas muy diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión" de los recursos.


Por ello, han pedido capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias y "no la continua reforma normativa que crea inseguridad jurídica e imposibilita la planificación y no da ningún resultado positivo".


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