El 54% de los autónomos asegura que no dispone de liquidez para que sus empresas sigan abiertas

En la cuerda floja, según el último estudio hecho público por ATA, están más de 125.000 autónomos que no consiguen,  generar los ingresos suficientes para poder saldar las deudas generadas durante estos últimos meses, incluso con el ICO.

Los pronósticos del FMI para el cuarto trimestre de 2020 dicen que España es la economía desarrollada más afectada por la crisis del COVID-19. El Gobierno intentó ayudar a las empresas en abril abriendo una línea de avales para la liquidez a través de créditos ICO. Una medida que siete meses después se ha vuelto en su contra.

Más  de un 15% de los autónomos que habían solicitado los créditos públicos avalados por el ICO  ( cerca de 125.000) no podrán hacer frente a la devolución de su deuda creando un peligro de mora que puede afectar negativamente a todos.

La mayor parte de estos crédidos ICO han ido a parar a empresas del turismo, el ocio y la cultura. 15.000 millones de euros que todavía penden de un hilo que el estado los recupere.  Los autónomos aseguran que en las actuales condiciones de devolución “va a ser imposible”. Según los últimos datos publicados por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) más de un 30% de los autónomos con trabajadores a su cargo asumen que, para seguir con los negocios en pie, deberá despedir a sus empleados.

Con el nuevo protocolo que prepara el Ministerio de Sanidad que contempla el cierre del interior de bares y restaurantes en los municipios con una mayor incidencia de contagios por COVID-19, muchos autónomos admiten que este 2020 cerrarán su negocio.

Por regiones, Madrid y Aragón lideran la destrucción de tejido empresarial aunque, la Seguridad Social confirma que en ninguna provincia se han registrado nuevos autónomos durante 2020.

Cerca de 300.000 trabajadores por cuenta propia prevén cerrar este año, más de un 9% del tejido empresarial español.

Pero los autónomos todavía temen noviembre porque es el mes en que vencen los primeros periodos de carencia para los créditos ICO solicitados en abril, es decir, en menos de un mes, miles de autónomos sin ingresos y con ayudas que apenas les llegan ya para sobrevivir, deberán comenzar a pagar las cuotas de sus deudas avaladas por el Estado.

Más de un 54% de los autónomos, según ATA, asegura que no dispone de liquidez para seguir con el negocio. Muchos se han tenido que volver a endeudar y a pagar las cuotas de créditos anteriores con nuevos préstamos. Circunstancias en las que la devolución de los ICO se hace cada vez más complicada. El barómetro del colectivo habla de más de un 80% de los autónomos que han visto reducida su facturación y, de ese porcentaje, el 50%, más de un millón y medio de empresarios, han perdido 6 de cada 10 euros de sus ingresos.

LOS BANCOS DISPUESTOS A NEGOCIAR CON SUS CLIENTES LA DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS ICO

Ante esta situación el ejecutivo tiene “las manos atadas” en este asunto ya que no pueden entrar a regular contratos firmados entre los clientes y las entidades bancarias. Desde la banca, confirman se tiene predisposición a la renegociación con los clientes de las devoluciones de los créditos avalados por el ICO para evitar, dicen, una ola “masiva” de impagos.

A pesar de ello, recalcan que la mayoría de los préstamos concedidos tienen una moratoria de las cuotas de hasta un año, es decir, vencen en marzo de 2021. Por ello confían en poder recuperar, lo antes posible, el dinero prestado que, según los datos de Economía, ascendería a más 830.000 millones de euros.

Según el BCE más del 11% de la deuda de las empresas españolas corresponde a los créditos contraídos con avales del ICO. Una realidad, que es consecuencia directa de la falta de estímulos fiscales y ayudas directas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El supervisor europeo avisa al Gobierno de que si precipitan la retirada del apoyo público a través del ICO se corre el riesgo de “provocar quiebras y agotar el capital de los bancos”. En respuesta, el BCE insta a mantener los avales del ICO en aquellos negocios que sean viables.

LA LEY CONCURSAL DEJA ENTRE LA ESPADA Y LA PARED A LOS AUTÓNOMOS

La nueva Ley Concursal,  introdujo modificaciones en el sistema de exoneración de pagos vigente hasta ahora. Desde el pasado 1 de septiembre, cuando la reforma entró en vigor, se excluyó la exoneración del crédito público, vigente hasta el momento. Todo aquel que adquiera una deuda, o bien con Hacienda, o bien con la Seguridad Social, deberá abonarla pase lo que pase y a pesar de lograr la exoneración del resto de créditos contraídos.

Desde ATA afirman que la ley “desoye”  una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019 en la que aclaraba que la exoneración “siempre” debería tener en cuenta “también el crédito público”. En consecuencia, los autónomos que no puedan abonar las tasas de los créditos avalados por por el ICO,  se verán en la dicotomía de pagar para evitar la morosidad con Hacienda, o dejar de pagar para poder seguir subsistiendo.

LA JUBILACIÓN UNA SALIDA PARA MUCHOS AUTÓNOMOS

Los trabajos del Gobierno para la reforma de las pensiones siguen en marcha y ésta incluirá algunos cambios especialmente importantes para la jubilación de los autónomos. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo votará en poco más de una semana las diferentes recomendaciones que trasladará a la mesa de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales que se puso en marcha recientemente. De ahí iría directamente al Parlamento para su aprobación.

Entre otras cosas, se podría recoger una nueva propuesta para calcular los últimos años que se tienen en cuenta para la pensión; la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones o un aumento de las penalizaciones y de los incentivos para algunas personas que adelanten o retrasen su jubilación respecto a la edad legal.

Una de las medidas estrella que parece cada vez más probable que el Gobierno incluya en esta reforma sería la despenalización de la jubilación anticipada para los trabajadores autónomos o asalariados que tengan largas carreras de cotización. Concretamente, se estaría barajando eliminar los desincentivos para aquellas personas que hayan cotizado más de 40 años, que ahora mismo soportan penalizaciones de, al menos, un 6,5% sobre su pensión por cada año anticipado.

Esta medida sería especialmente importante en plena crisis del coronavirus, cuando muchas personas de edad avanzada al frente de un negocio se están planteando retirarse antes de tiempo porque, a pocos años de la edad legal de jubilación, ya no les compensa mantener los gastos de la actividad con los ingresos bajo mínimos.

El problema es aún mayor para algunos trabajadores por cuenta propia -y ajena- que llevan 40 años o más al frente de actividades especialmente peligrosas o penosas por el esfuerzo físico que requieren, como las marisqueras, los profesionales relacionados con la construcción, los transportistas, los taxistas o los hosteleros.