Domus VI gestionará la mitad del Servicio de Atención Domiciliaria barcelonés a pesar de su mala praxis asistencial

La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) , la Mesa del Tercer Sector Social y la Confederación de empresas del Tercer sector han criticado la adjudicación, de la mitad del servicio de atención domiciliaria a la empresa Servisar, filial de Domus VI, que en España gestiona de 25.000 plazas en 198 residencias y centros de atención diurna y centros privados. Y hay motivos para la protesta porque dos de las zonas, de las cuatro en que está dividida la ciudad, han sido ganadas en primera instancia por Servisar, una empresa filial del grupo Domus VI.

"El resultado del concurso de adjudicación del servicio de atención domiciliaria de Barcelona nos llena de preocupación" han afirmado desde la FAVB.

UNA EMPRESA CON UN LARGO HISTORIAL DE MALA PRAXIS ASISTENCIAL

El registro mercantil desvela que, Servisar, es parte de la multinacional a través de un complejo entramado que termina, finalmente, en el agujero fiscal de la Isla de Jersey.

Servisar Servicios Sociales es propiedad de la empresa barcelonesa SAR Residencia y Asistencial, que a su vez tiene por administrador único a la también barcelonesa Sarquavitae Servicios a la Dependencia, que a su vez tiene por administrador único a la madrileña Geriavi. 

Geriavi tiene origen en Galicia, donde operó durante años los asilos que en su día construyeron las 'caixas' gallegas bajo el nombre de Geriatros. En 2017  el fondo de inversores británico ICG tomó el control de HomeVi SAS, la empresa francesa propietaria de la marca DomusVi, quien compró a Geriatros pero dejó al frente de la gestión a la gallega, Josefina Fernández, que aún continúa como consejera y rostro público de un enorme conglomerado empresarial en España. 

Según la información publicada por DomusVi España, da empleo a más de 20.000 trabajadores, y gestiona 25.600 plazas de residencias en casi 200 asilos. A pesar de que el principal cliente de estos centros son administraciones públicas, que le adjudican la gestión de los centros o les conciertan plazas, al menos una parte del beneficio empresarial acaba en la Isla de Jersey.

A través de una compleja red de empresas en Holanda, Inglaterra el propietario final del conglomerado es ICG Europe Fund VI (No1) Limited Partenership, domiciliado en ese nicho fiscal, según describió infoLibre, y parte del Intermediate Capital Group, un fondo de inversiones británico.

Jersey no es un paraíso fiscal. La UE lo sacó de su lista oficial de paraísos fiscales en 2015 porque ahora sí es transparente sobre la propiedad de las empresas. Con todo, opera como lo que los expertos llaman un "agujero negro fiscal", debido a sus bajísimos impuestos. Por ejemplo, no existe impuesto de sociedades. 

Nada de la estructura empresarial descrita es, en principio, ilegal. Con todo, la  Federación Galega de Usuarios e Residencias REDE  denunció el entramado este verano delante de la Agencia Tributaria  por un presunto delito de fraude fiscal que superaría el medio millón de euros anual. 

En todo caso, políticamente es cuestionable que las administraciones públicas españolas confíen algo tan delicado como la gestión de serivicios sociales a una multinacional con ánimo de lucro que al final saca los beneficios del país hacia un territorio sin casi presión fiscal.

Otro aspecto polémico del grupo es la calidad de su labor como gestor de residencias, puesta en cuestión sobre todo a raíz de la crisis del Covid-19. En Galicia, por ejemplo, de las ocho residencias que la Xunta se vio forzada a intervenir hasta ahora, cuatro son gestionadas por el grupo: DomusVi Aldán (Cangas), DomusVi Barreiro (Vigo),  DomusVi Lugo (Outeiro de Rei) y la semana pasada DomusVi Ribadumia. En las tres primeras hubo más de 100 contagios y en la última van ya 59.

La de Cangas y la de Vigo fueron intervenidas en la primera ola, cuando la virulencia del covid-19 sorprendió a casi toda la sociedad. Con todo, los asilos de Lugo y Ribadumia fueron intervenidos durante la segunda ola, cuando los gestores de residencias ya no podían alegar desconocer el peligro de la pandemia.

Además, existen denuncias sobre la calidad del servicio en las residencias de DomusVi previas a la llegada del coronavirus. En el caso de Ribadumia, las trabajadoras denunciaron falta de personal ya en enero y denunciaron condiciones de "esclavismo".  

La Xunta de Galicia abrió un expediente por falta de personal a DomusVi este verano por falta de personal, precisamente, en la residencia de DomusVi.  El Gobierno Gallego no ha confirmado ninguna sanción, alegando que la empresa está a tiempo de recurrir.

Pero su  gestión de las residencias en medio de la pandemia no solo ha sido cuestionada en Galicia ha estado muy cuestionada por tener que ser intervenidas por diferentes gobiernos autonómicos: Galicia, País Valenciano (Alcoy), Madrid (Alcalá de Henares) y en Catalunya (Can Amell de Premià de Mar), y 11 más han tenido graves problemas en diferentes comunidades. Con estos antecedentes, resulta incomprensible que esta empresa haya podido ganar un concurso para cubrir un servicio tan esencial como el de atención domiciliaria de una ciudad tan importante como Barcelona. 

Las entidades cuestionan que se haya adjudicado el contrato, el segundo mayor que convoca el consistorio, a una empresa mercantil y han alertado de los antecedentes (incluso con multas) de mala gestión en residencias geriátricas de la firma. 

En Catalunya, en abril pasado la Generalitat intervino la residencia Ca n’Amell de Premià (Maresme) tras registrar 24 muertos, que llegaron a ser 84. Además, las entidades, señalan que pertenece a un fondo de inversión que tiene filiales en la isla de Jersey. 

ALGO HA FALLADO EN EL CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO

Quiénes no ven con buenos ojos la reciente concesión del servicio de atención domiciliaria de Barcelona a una filial del grupo Domus VI  basado "teóricamente" en un modelo de contratación e destinado a garantizar la calidad de los servicios, y en un Ayuntamiento que ha aprobado no contratar empresas vinculadas a paraísos fiscales, haya ganado el concurso una empresa de estas características creen que algo ha fallado.

Para la FAVB "o alguien ha cometido un error en la adjudicación, o hace falta que se revise el sistema de contratación. Sabemos que la legislación es muy garantista respecto a los intereses de los grupos privados, pero no podemos admitir que las leyes y los procedimientos no se puedan cambiar cuando se trata de garantizar la calidad de un servicio que es esencial para el bienestar de muchas personas necesitadas de curas. En un contexto de transformaciones de la estructura familiar y envejecimiento de la población, los servicios de curas constituyen un núcleo esencial de las políticas de bienestar, y como tal tienen que ser fortalecidos".

Y añaden "el problema de fondo es la externalización de un servicio esencial que, para garantizar su calidad y unas condiciones laborales dignas, tendría que tener la misma condición que otros servicios públicos básicos. No es casualidad que un servicio tan feminizado como este esté más expuesto a unas condiciones laborales y un modelo de gestión inadecuados".

Por eso piden que "el Ayuntamiento tiene que explicar cómo se ha llegado a esta adjudicación y qué se la razón por la cual no se ha podido filtrar una empresa con antecedentes tan preocupantes, y qué posibilidades hay de replantear esta decisión. Además hay que revisar los sistemas de contratación y generar una estrategia para crear un verdadero servicio público de asistencia domiciliaria. Y hay que crear un sistema de control y participación que permita a trabajadores y usuarios un contacto permanente con la Administración para garantizar que se cumplen unas condiciones laborales y de servicio que a menudo son conculcadas. No podemos volver a repetir nunca más la situación que se ha vivido en algunas residencias de gente mayor de la ciudad. Finalmente hay que seguir estudiando las vías para revertir la externalización del servicio y transformarlo en un verdadero servicio público de calidad".

Por parte de la Confederación de empresas del Tercer Sector Social de Catalunya, lamentan  “una vez más el Ayuntamiento haya adjudicado una parte de la atención domiciliaria a una empresa mercantil, que además parece ser que tiene vínculos con algún paraíso fiscal. Ya pasó en 2016 y hubo el compromiso de que no volvería a pasar”. 

Por eso piden que se "articulen mecanismos para que estos servicios puedan ser gestionados por el tercer sector y recordó que está parada la Ley que prevé un marco de acción concertada, “para que el tercer sector sea el aliado preferente, asegurando la máxima reinversión de los beneficios públicos y garantizar la calidad”.

La Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya,  reclama que “los cuidados y atención a las personas no queden en manos de las lógicas del mercado, de fondos de inversión que lo único que quieren es conseguir beneficios para enriquecer a sus accionistas y no tienen ningún objetivo de retorno a la sociedad”.

El Ayuntamiento se defiende afirmando que el contrato se votó en el consejo rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales y que “ningún partido votó en contra” y señala que “Jersey no es un paraíso fiscal, según la UE” (sí consta como tal en el listado de la Agencia Tributaria). Además, señala que el nuevo contrato introduce mejoras en un servicio por el que el consistorio paga 190 millones cada dos años y que presta a 24.000 personas.

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