Piden dos años de cárcel a 8 personas por una protesta de la PAH en una sucursal de Barcelona

La Fiscalía ha mantenido este lunes la petición de dos años de prisión y 900 euros de multa a ocho personas por los presuntos delitos de daños y de allanamiento de establecimiento abierto al público, en un juicio a raíz de una protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en una sucursal de BBVA en Barcelona.

El Juzgado Penal 25 de Barcelona decidirá sobre la cuestión a partir de las acusaciones de Fiscalía y de los argumentos de las defensas, que en el juicio de este lunes se han centrado en sostener que la ocupación del local fue una protesta pacífica y que estaba acordada con la dirección de la oficina para que durara mientras miembros de la PAH mantenían negociaciones con responsables del banco en Madrid.

El BBVA se retiró de la causa como acusación particular, de modo que solo sigue la acusación de la Fiscalía, que tras oír las versiones de los acusados y los testigos este viernes, ha mantenido la acusación afirmando que la dirección del banco "les requirió en varias ocasiones para que abandonasen" la sede antes de que lo hicieran.

Tres acusados han negado estar vinculados con el movimiento social: una ha explicado que le identificaron cuando acudió como clienta al banco para utilizar el cajero, otra ha relatado que entró en la oficina porque los manifestantes ofrecían comida y vio "la oportunidad de comer un plato de macarrones".

Un tercer acusado ha afirmado que llegó poco antes que los Mossos y tras enterarse de la protesta por redes sociales.

Los otros cinco han explicado que asistieron a la protesta por su vinculación con la PAH, y todos han afirmado que la acción fue "muy pacífica", han negado causar ningún daño material y han sostenido que ningún empleado, personal de seguridad, ni los Mossos les pidieron que se fueran, sino que ellos mismos decidieron irse después de un día y medio de ocupación.

La protesta fue el jueves 2 de marzo de 2017, y varios manifestantes pasaron la noche en la oficina custodiados por un vigilante de seguridad privada, y según ellos acordaron en una asamblea irse al día siguiente después del almuerzo, cuando cinco agentes de Mossos llegaron al local e identificaron a los enjuiciados.

"Había negociaciones y se entendía que estábamos allí hasta llegar a un trato", ha afirmado una de las acusadas en consonancia con el resto, aunque el director de la oficina bancaria, que ha declarado como testigo, ha afirmado que sí les pidieron repetidamente que se marcharan.

"Ni seguridad ni nadie que pidió que me fuera", ha dicho un acusado que ha afirmado no estar vinculado a la PAH, y que también ha afirmado que la sede bancaria siguió funcionando durante la protesta, y al preguntársele por posibles daños en el local ha dicho que solo vio pegatinas pegadas en las paredes y las ventanas, en consonancia con los otros acusados y testigos.

DIRECTOR DE LA OFICINA

El responsable de la sede bancaria ha afirmado que los manifestantes entraron sin violencia y que él envió a los empleados a trabajar en otras oficinas, de forma que solo él y otro trabajador se quedaron en el local, porque no podían "ofrecer la actividad habitual" por el ruido de los gritos de los manifestantes.

Al preguntársele si sabía si los manifestantes estaban negociando con responsables del BBVA en Madrid, ha dicho que no sabe si lo hicieron, después de que las defensas han alegado que la ocupación de la sede estaba consensuada con la entidad bancaria mientras duraran las negociaciones.

AGENTES DE MOSSOS

En el juicio también han testificado dos de los mossos que intervinieron al fin de la protesta, y uno de ellos ha asegurado que "todos los identificados dijeron que eran de la PAH", a diferencia de lo que han declarado tres de ellos.

El otro agente ha explicado que identificaron "a todos los que estaban dentro" del banco, con siete personas en total: la octava acusada fue identificada el primer día de protesta, según ella porque sostenía un megáfono a las puertas del local cuando pasó una patrulla.