El 10% de la población rural española ha nacido en el extranjero

El Observatorio Social de "la Caixa" ha presentado hoy en CaixaForum Madrid un debate monográfico sobre los retos y oportunidades de la inmigración, moderado por el periodista Rafael Vilasanjuan, y con la participación del profesor de la UNED, Luis Camarero, y la catedrática de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó.

Por un lado, el artículo «La inmigración dinamiza la España rural» concluye que la población de origen extranjero es esencial para el rejuvenecimiento y la preservación de la actividad en la España despoblada. El estudio, elaborado por Luis Camarero, de la UNED, y Rosario Sampedro, de la Universidad de Valladolid, indica que cerca del 10% de los residentes en municipios españoles de menos de 10.000 habitantes han nacido en el extranjero. Además, los autores apuntan que, en el grupo de entre 20 y 39 años, la cifra ronda el 16%, por lo que los inmigrantes rejuvenecen la España rural.

En este sentido, los nuevos nacimientos -las madres rurales de origen extranjero tienen más hijos que las nacidas en España (1,5 hijos por mujer vs. 1,2) - y las reagrupaciones familiares son un fenómeno determinante en la demografía futura de las zonas rurales de España.

Según el estudio, en 2019 uno de cada cinco menores de 13 años en la España rural era hijo de madre de origen extranjero, una proporción que se eleva hasta uno de cada cuatro los municipios de menos de 1.000 habitantes.

Los autores hacen una radiografía de la evolución de los pobladores rurales según la cual el asentamiento de población extranjera ha seguido un proceso de difusión continua de este a oeste, desde los enclaves rurales de las regiones litorales mediterráneas, donde comenzó a tener presencia al principio del siglo XXI, hacia otras zonas del interior, y se ha ido abriendo a nuevos mercados laborales.

Según el informe, también es variada la procedencia geográfica y cultural de los nuevos pobladores. Contra el imaginario rural de población inmóvil, permanente y local, la España rural es diversa y cosmopolita.

En cuanto a los flujos de población, el estudio explica que desde finales de los años noventa aprecia un aumento notable de la población extranjera que se desplazó a municipios rurales gracias a la agricultura exportadora, la construcción, el turismo y la demanda de cuidadores.

Sin embargo, la crisis de 2008 condujo a la despoblación de las áreas rurales, ya que se frenó la llegada de inmigrantes y, incluso, se fueron a sus lugares de origen o en entornos urbanos. A partir de 2015, las cifras repuntaron hasta que, en 2017, el saldo migratorio volvió a ser positivo gracias a la población de origen extranjero.

En relación con la crisis por coronavirus, Luis Camarero explica: «Por regla general, las crisis económicas no han sido buenas para las áreas rurales. El contexto actual de fuerte incertidumbre económica puede ralentizar la llegada de población desde el extranjero y dificultar también los procesos de reagrupamiento familiar. La caída de la fecundidad propia de los momentos de crisis se añade en este escenario de previsible reducción de vitalidad demográfica. Pero los días de la pandemia también nos han permitido tomar conciencia de la importante contribución que la población foránea hace para garantizar la producción alimentaria y especialmente la vida de nuestros pueblos ».

Un colectivo marcado por la precariedad laboral

En el debate también se ha presentado el Análisis de las necesidades sociales de la población inmigrante del Observatorio Social de "la Caixa", que explica cómo el empleo juega un papel clave en el proyecto de las familias inmigrantes (para procurar -los recursos para vivir y para que de este elemento depende la renovación de los permisos para seguir en España). La crisis de 2007 provocó una brecha que aún no se ha cerrado: el 16% de las familias inmigrantes tuvo todos sus miembros en situación de desempleo en los años centrales de la recesión (vs. 9,5% en el caso de las familias autóctonas).

La precariedad laboral castiga especialmente a este colectivo, que acumula cerca del doble de inestabilidad laboral (en 2018, el 16,8% de las familias inmigrantes vivían en hogares en los que todos los empleados tenían un contrato temporal vs. 9,1% en el caso de los no inmigrantes) y el triple de pobreza laboral (33,7% vs 10,6% de los autóctonos en el mismo año).

Además, la tasa de riesgo de pobreza de los inmigrantes que residen en España, un 46% en 2017, es claramente superior a la que el mismo grupo registra el conjunto de la UE-28. Sólo en España y Grecia los valores son superiores al 40%. Sin embargo, en comparación con la población autóctona (18% de riesgo de pobreza en 2017), España no es el país con diferencias más altas: el contraste entre inmigrantes y nativos es aún mayor en países como Suecia, Austria o Bélgica, en los que el riesgo de pobreza se triplica para las familias de origen extranjero.

La situación es peor, además, en el caso de las mujeres. Las trabajadoras extranjeras ganaron al año, en promedio, poco más de 14.000 euros brutos en 2016, frente a los casi 27.000 euros ingresados por los hombres de nacionalidad española. Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial ilustran claramente la doble rendija, de género y origen, que condiciona los exiguos ingresos de las mujeres inmigrantes empleadas en nuestro país.

Del mismo modo, la vivienda es una necesidad social que las familias inmigrantes han tenido dificultades para cubrir de forma adecuada, en un contexto de precios elevados, insuficiente oferta en el mercado de alquiler y ausencia de ayudas públicas eficaces. La consecuencia ha sido una gran sobrecarga económica para el gasto asociado a la misma y el acceso a viviendas con peores condiciones de habitabilidad. El coste de la vivienda supone una sobrecarga para el 49% de los inmigrantes (y el 16,8% de autóctonos), al absorber más del 30% de sus ingresos.