El Supremo remite al TSJC la causa contra Laura Borràs

La Sala acuerda remitir testimonio de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) "a los efectos que sean procedentes".

El Supremo acordó la apertura del procedimiento a Laura Borràs el 17 de diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la juez de Instrucción número 9 de Barcelona por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que Borràs fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal designó instructor de la causa al magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) Eduardo de Porres.

Ahora, una vez acreditada la baja en la condición de diputada del Congreso y por tanto la pérdida de la condición de aforada de Laura Borràs, sin que se haya procedido a la apertura de juicio oral, la Sala explica que ha perdido la competencia para conocer de los hechos imputados tanto a la persona hasta ahora aforada, como del empresario Isaías Herrero, a quien extendió su competencia.

Todo lo actuado se remitirá ahora al TSJC conforme señala el artículo 57.2 del Estatut d'Autonomia de Catalunya.

DILIGENCIAS PENDIENTES

La investigación en el Supremo se interrumpe teniendo pendientes diligencias como la declaración, en calidad de testigo, de la que fuera responsable de proyectos y actividades de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) Yolanda Pelegrí, que fue citada por el instructor pero no se practicó por problemas de localización de esta persona, que ya se encuentra jubilada.

Hasta este momento, Porres reunía ingente prueba documental y pericial solicitada por la Fiscalía y la defensa de la política independentista, quien el pasado mes de julio se negó a contestarle alegando que la práctica de dichas diligencias demostraría su inocencia en relación con 18 contratos cuya tramitación irregular se están investigando.

Entre las pruebas a practicar, además de varias testificales, hay una pericial sobre material informático y el análisis por parte de la policía judicial de diversas cuentas bancarias relacionadas con la causa y de documentación aportada por el Ministerio de Hacienda.

Por su parte la Fiscalía pidió además de la testifical de Pelegrí, que el magistrado reclamara documentación a la ILC, en especial de naturaleza contable, que también debe ser analizada.

18 CONTRATOS POR VALOR DE 259.863 EUROS

Según la instrucción realizada inicialmente por un juzgado de Manresa (Barcelona) y finalmente remitida al TS, las irregularidades aparecen en 18 contratos de esta organización por valor de 259.863 euros y que fueron adjudicados a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento.

De Porres citó inicialmente a Borràs el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, si bien la diputada optó por no acudir a la citación y fue necesario cursar un suplicatorio al Congreso para obligarla a comparecer, aunque en dicha ocasión, el pasado 22 de julio, tampoco quiso explicarse. Un año después de su primera citación se celebran unas elecciones a las que las diputada quiere presentarse como candidata a la Generalitat.

La investigación apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borràs que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración "carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses" de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso.

La prueba clave, según las pesquisas iniciales, se encontró en una cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borràs señala de "forma muy explícita" a Herrero como debía proceder.

Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitó para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue a parar a una de las empresas de Herrero, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.

También existen indicios de que Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.

Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.

PRESUPUESTOS FALSEADOS

El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba De Porres en su escrito al Congreso, "permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero".

Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que tiene unos "trapis" con la diputada de Junts: "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", dijo en alusión al ILC, sobre la que añadió que tenía que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.