Estos son los cambios que habrá en las universidades con la nueva "ley Castells"

Despúes de 20 años sin ningún cambio en materia de universidades, parece que por fin hay ganas de modernizar el sistema. "Nuestras universidades todavía se rigen por una Ley Orgánica de hace 20 años; en estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo, en nuestra sociedad, y dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas", comenzó afirmando el ministro de Universidades, Manuel Castells, en la rueda de prensa de este martes en la que se explicó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.

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El Anteproyecto, que se aprovó el 31 de agosto, explica una futura ley que pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, entre otras cuestiones, y forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea "gradual".

Esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior, adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias, garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador.

Así, la aprobación de la LOSU iría encaminada a lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador, según constaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español enviado a Bruselas a principios de mayo.

¿CÓMO COMBATIR LA PRECARIEDAD?

Con el objetivo de acabar con la "situación estructural de precariedad" en las universidades, se establecen tres niveles de progresión en la carrera académica (incorporación, consolidación y promoción), se reduce la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la antigua Ley (LOU) al 20%, y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Asimismo, se establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesorado asociado con título de Doctor y con una relación contractual previa mínima de 5 años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.

En el Anteproyecto también se establece la creación de la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor, destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de 5 cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal. El objetivo es que obtenga el título de Doctor y se introduzca en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, la LOSU otorga relevancia a la producción y transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación. Este presupuesto se materializará con una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores, promocionando el liderazgo de los jóvenes investigadores, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.

Asimismo, con el ánimo de aumentar el grado de internacionalización del sistema universitario español, la LOSU insta a fomentar alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras, como por ejemplo el típico Erasmus+ . 

UNIVERSIDADES CON IGUALDAD Y EQUIDAD

La Ley incorpora también diferentes medidas que ponen énfasis en esa equidad, tanto por razones de género como por otras razones. Entre estas medidas, se encuentran la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo o un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios.

También incluye acciones positivas en concursos de selección, una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo, impacto de género del presupuesto universitario, e impulso de proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.

DOS SISTEMAS PARA ELEGIR RECTOR

Finalmente, otro cambio que establece la Ley es el del proceso de elección de los rectores de las universidades, que se basará en dos sistemas. El primero de ellos es la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establecía la LOU.

El segundo sistema es la elección mediante un órgano específico (que podrá determinar la universidad a través de sus Estatutos), órgano que estará formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio, según recoge el texto.

Otras novedades registradas son, por un lado, que ya no hará falta el requisito de ser funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para acceder al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario y reunir los siguientes requisitos: tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Finalmente, y por otro lado, el mandato de los rectores pasará de 4 a 6 años. 

LOS ESTUDIANTES, INSATISFECHOS POR SU POCA PRESENCIA

A pesar de las nuevas medidas, que a primera instancia pretender mejorar y hacer más accesible el sistema universitario, los estudiantes han denunciado que la nueva Ley  "supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades, así como en los derechos estudiantiles".

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado esta semana que la Ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años. Igualmente, se muestra en contra del nuevo sistema de elección porque supondrá una "devaluación del voto de los estudiantes".

Según afirma la CREUP, una vez aprobado el anteproyecto de Ley, la Coordinadora se reunirá con el Ministerio y los agentes sociales, con el objetivo de "presionar para lograr una universidad que respete los derechos de los estudiantes".

También el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) se ha manifestado en contra de la 'Ley Castells'. "Al parecer, en el presente anteproyecto de ley han dejado atrás la participación del estudiantado a todos los niveles universitarios", han lamentado.