La Audiencia Nacional rechaza archivar la trama Pretoria ante "rotundos" indicios de soborno, tráfico de influencias y blanqueo

La Audiencia Nacional ha rechazado en sendos autos el sobreseimiento de la causa contra el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz y el resto de acusados de la presunta trama Pretoria de corrupción urbanística al considerar que hay indicios "rotundos" de comisión de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

En estos autos, recogidos por Europa Press, la Sección Cuarta de lo Penal considera que deben continuar las actuaciones penales con los trámites establecidos por el procedimiento abreviado, y confirma el auto del Juzgado Central de Instrucción 5 del 18 de diciembre de 2014.

Concretamente, desestima los recursos presentados por las defensas de Bartomeu Muñoz; el presunto cerebro de la trama, el exdiputado del PSC Luis Garcia, 'Luigi'; los excargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, así como otros seis imputados.

Al exalcalde Bartomeu Muñoz, acusado de dos presuntos delitos de cohecho, el tribunal considera que el recurso no puede prosperar porque existen "nítidos indicios de participación delictiva" y una constancia indiciaria del despliegue de una conducta posiblemente constitutiva de un delito de cohecho, según el auto.

Asegura que existen "datos contrastados acerca de que pudo recibir hasta 1,7 millones de euros en concepto de comisión por su esencial e irregular intervención en la operación urbanística denominada 'Operación Pallaresa', así como otros 6.480 euros de la empresa Limasa".

Respecto al presunto cerebro de la trama, considera que en la instrucción hay "indicios racionales de criminalidad" que emanan de las intervenciones telefónicas, la documentación incautada, los informes periciales y las testificales.

"De todas estas fuentes se extrae la indiciaria participación del recurrente en los delitos que se le atribuyen": tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al constar acreditado indiciariamente que este obtuvo ganancias procedentes de actividades presuntamente delictivas en operaciones urbanísticas, que ascendieron a 5,8 millones.