Assumpta Escarp, imputada por malversación de fondos de la Federación de Municipios de Catalunya

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Assumpta Escarp, imputada por malversación de fondos de la Federación de Municipios de Catalunya

 

Assumpta Escarp, imputada por malversación de fondos de la Federación de Municipios de Catalunya

La juez que investiga el caso Mercurio de presunta corrupción y tráfico de influencias, Beatriz Faura, ha imputado la secretaria de organización del PSC, Assumpta Escarp, y ocho ex altos cargos de la Federación de Municipios de Cataluña FMC), de ICV, ERC , PPC y PSC, por el regalo de relojes en esta entidad, que deberán prestar declaración los días 2 y 3 de marzo.

Escarp está imputada por la pieza separada del caso relativa al regalo de relojes por valor de 190 euros por unidad a un total de 70 miembros de la dirección de la FMC, que en 2011 dejaron el cargo. La investigación apunta que los relojes se pagaron con unas partidas presupuestarias destinadas a formación, por lo que se acusa a los imputados de malversación de fondos públicos.

Los otros imputados son los también socialistas Miguel Águila, ex alcalde de Balaguer (Noguera), Helena Arribas, ex alcaldesa de El Vendrell (Tarragona), y Conxita Campoy, alcaldesa de Malgrat de Mar (Barcelona).

Al listado se suman Toni Morral (ICV), ex alcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona); Pere Muñoz (ERC), ex alcalde de Flix (Tarragona); Víctor Ros (PPC), ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); Antoni Soy (ERC), ex alcalde de Argentona y ex secretario general de Industria de la Generalitat, y Juan Antonio Vázquez (PSC), ex alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

ICETA DEFIENDE A LOS IMPUTADOS POR EL CASO DE LA FMC

En declaraciones a La Xarxa y en relación con otras cuestiones del caso Mercurio, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha indicado que los concejales de su partido imputados en el marco de la investigación del caso Mercurio por dietas presuntamente irregulares no se les puede hacer "ningún reproche", porque, a su juicio, lo que hacían en la FMC era "absolutamente legal", sin incurrir en delitos.

"En el peor de los casos estaríamos hablando de un error administrativo, que creemos que no se ha dado", ha añadido.

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