El Gobierno legalizará las tragaperras online a pesar de que puedan incrementar los casos de ludopatía

El Gobierno tiene previsto legalizar las tragaperras online, así como las apuestas cruzadas, a pesar de que puedan incrementarse los casos de ludopatía en el país, según se desprende de una respuesta del Ejecutivo dirigida al diputado del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso Europa Press

El parlamentario cordobés preguntaba al Gobierno si tenía entre sus planes legalizar este tipo de máquinas de azar, y si consideraba que con ello podían aumentarse los casos de esta enfermedad. Aparte, quería conocer qué tributo se recaudaría con las tragaperras 'on line' y quién iba a ser el encargado de recaudarlos.

"Existe la intención de completar la oferta de juego 'online' con la aprobación de la reglamentación básica de las máquinas de azar 'on line (las llamadas tragaperras) y las apuestas cruzadas", asegura el Ejecutivo.

Por otro lado, indica que se considera que la regulación de esta modalidad de juego "no sólo no incrementará la ludopatía" sino que "ayudará a combatir su surgimiento, detección y remedio" en aquella reducida proporción de jugadores que potencialmente tengan contacto con este grave problema.

De igual manera, el Gobierno cree que esta nueva regulación favorecerá que el resto de jugadores que no resulten susceptibles de desarrollar estos problemas, la mayoría, desarrollen una conducta de juego responsable.

AUMENTA LA PROTECCIÓN AL JUGADOR

El Ejecutivo apunta que, a esta iniciativa subyace la voluntad de aumentar la protección del jugador de este juego mediante su inclusión en la adecuada regulación, frente la situación que existe en la actualidad, donde tal juego se ofrece en entornos no regulados.

En su opinión, permitiría por ejemplo, y sin carácter no exhaustivo, evitar que jueguen menores y autoexcluidos a este juego mediante los mecanismos de identificación previa establecidos en la regulación.

Asimismo, indica que aplicar a este juego los límites de gasto diarios, semanales y mensuales que rigen con carácter general para el resto de los juegos, incorporar medidas específicamente destinadas a favorecer el juego responsable en relación con este juego en particular, tales como la predeterminación previa del gasto y el tiempo a invertir en la sesión, la limitación del modo de juego automático, o establecer una duración mínima de las partidas.

"Todo ello no resulta aplicable en la actualidad al entorno presencial de las máquinas tragaperras ni al online no regulado, y sin duda constituirá un gran avance", afirma el Gobierno.

En consecuencia, sostiene que se regular esta modalidad "es mucho más garantista" que mantenerla sin regular, habida cuenta de la constatación de la importancia de este juego tanto a nivel de demanda como de oferta.

En referencia a la última pregunta del diputado andaluz, el Gobierno recuerda que el tipo de juego de máquinas de azar se encuentra en la Ley 13/2011 por la que se le aplica un tipo de gravamen del 25 por ciento sobre los ingresos netos del operador del juego, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios satisfechos por el operador a los participantes.

Esta misma ley establece, según indica, que la recaudación obtenida por el gravamen, correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes en cada comunidad, de las actividades que se hayan efectuado mediante sistemas de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, se distribuirá a las comunidades, en proporción a las cantidades jugadas por los residentes de cada comunidad.

En este sentido, apostilla que la atribución de ingresos a cada comunidad autónoma se determinará en función de la residencia de los jugadores en su ámbito territorial, correspondiéndole, en exclusiva, el incremento de recaudación derivado de la aplicación a tales residentes, según la ley.

"El importe de la recaudación se pondrá trimestralmente a disposición de las comunidades mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente", concluye.