VÍDEO. Ada Colau deberá comparecer ante la Justicia como investigada

Según ha hecho publico la noche de este martes Antena 3 Noticias, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau declarará como investigada . Será el próximo 4 de marzo a las 10.30 horas, ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Así consta en el auto de admisión de querella consultada por ABC, después de que la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática denunciara a Colau al considerar que habría cometido todos los delitos arriba citados a la hora de conceder subvenciones y convenios de financiación a entidades consideradas afines a los comunes entre 2014 y 2021.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau deberá declarar como investigada (imputada) el 4 de marzo según/ @A3Noticias

Esta Asociación nació en  febrero de 2017 como iniciativa de un grupo de ciudadanos  preocupados por el devenir de la calidad del sistema democrático y preocupados por esta cuestión en todos los rincones del estado según figura en su propia web.

La Asociación tiene como objetivos: Promover la transparencia de las administraciones públicas para fortalecer el tejido democrático de nuestras instituciones y favorecer la participación ciudadana. Promover debates y acciones públicas para el desarrollo de proyectos de gobierno abierto. Defender los intereses públicos frente a acciones administrativas que puedan conculcar derechos ciudadanos. Desarrollar un sistema de vigilancia pública que permita la denuncia de acciones lesivas para el acceso libre y meritocrático a la función pública. Gestionar y conducir las acciones que lleven a la defensa de derechos ciudadanos que puedan ser susceptibles de ser conculcados en el acceso a la función pública y utilizar todos los medios legales disponibles para gestionar acciones civiles que impidan el abuso de las administraciones en su relación con la ciudadanía.

El PSC asegura que la citación de Colau no afectará "al trabajo del Gobierno municipal" 

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática considera en su denuncia que Colau firmó arbitraria, discrecional y recurrentemente, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público, ayudas y acuerdos económicos con el único objetivo de financiar los puestos de trabajo, las actividades y el funcionamiento de diversas entidades afines a Barcelona en Comú. Una sospecha que el magistrado instructor quiere aclarar al admitir la querella y citar como investigada a Colau.

En la querella se apunta nuevamente a organizaciones como el  Observatorio DESC –asociación en la que trabajaba Ada antes de obtener la alcaldía en 2015–, Ingenieros Sin Fronteras y la  PAH de la que fué portavoz.

Según la acusación, el sistema de financiación presuntamente irregular, establecido desde el Ayuntamiento de Barcelona, consistía en la aprobación de convenios, contratos menores y subvenciones directas a las entidades mencionadas para redactar estudios e informes que, en apariencia, no tenían nada que ver con las competencias del consistorio.

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática señala en esta querella, según informa ABC, que la alcaldesa habría cometido un delito de prevaricación, según recoge el Código Penal, al firmar resoluciones para las que el consistorio no tenía competencias.  También al gastar dinero sin quedar justificada la finalidad. Y podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos; un delito de fraude en la contratación, si se demuestra relación personal y profesional entre la autoridad pública y la asociación o entidad subvencionada; y un delito de tráfico de influencias, siempre que se hubiera limitado la libre concurrencia competitiva a la hora de otorgar las ayudas públicas.

Ciudadanos pide la dimisión de Colau recordándole su propio código ético

El magistrado instructor, Ignacio Sánchez García-Porrero, en el auto de admisión de querella, fechado el 29 de diciembre de 2021, ordena que, además de citar a Colau  se practique una diligencia más recabando "los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en el escrito de la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021" y, para ello, solicita a la Fiscalía de Catalunya que le remita "la integridad" de las diligencias que el Ministerio Fiscal llevó a cabo en abril del 2021 sobre este asunto y que acabó archivando, tras una primera denuncia, esta vez de Abogados Catalanes por la Constitución .

CIUDADANOS PEDIRÁ LA DIMISIÓN DE LA ALCALDESA DE BARCELONA

Luz Guilarte portavoz de C's en el Ayuntamiento de Barcelona/ @EP

Ante la noticia  la portavoz de C's en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte,  en un tweet ya ha avanzado que su grupo pedirá el cumplimiento del código ético de Barcelona en Comú, y la dimisión de Colau.

Para Guilarte " es inaceptable que siga un día más en su caro estando imputada por delitos tan graves como prevaricación y fraude en la contratación" añadiendo " desde C's hemos denunciado reiteradamente sus dedazos a chiringuitos afines". 

LA OPOSICIÓN LLEVA TRES AÑOS CRITICANDO EL AUMENTO DE SUBVENCIONES DE COLAU A ENTIDADES AFINES

Josep Bou portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona/ @EP

Los grupos municipales del PDeCAt, ERC, Ciutadans, PSC y el PP en el Ayuntamiento de Barcelona vienen criticando desde 2018  el aumento de subvenciones por parte del gobierno municipal a entidades afines a la alcaldesa Ada Colau.

Se trata de organizaciones como el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras o la Federación de Asociaciones de Vecinos, que han visto como las ayudas aumentaban entre un 78% y un 6,6%. Mientras el consistorio argumenta que si han subido las ayudas es porque se enmarcan en los convenios que mantienen para evitar dos fenómenos que el gobierno considera prioritarios: los desahucios y los cortes de suministros.

Junts exige a Colau "máxima transparencia" tras ser citada por el juez el 4 de marzo

Para el PDeCAT en su momento  “no es ninguna sorpresa. Responde a una manera de hacer y gobernar que está claramente marcada por el sectarismo, el prejuicio ideológico y mirar de beneficiar exclusivamente a los que consideran los suyos. Han venido a secuestrar el activismo y no a gobernar la ciudad y a resolver los problemas, el incremento de las subvenciones es una prueba. Las subvencionan a final de mandato o igual se aseguran un puesto donde volver a hacer política cuando vuelvan a la oposición”.

Para Ciudadanos  el aumento de las subvenciones era " una manera de pagar favores a quienes llevaron a Colau a la alcaldía. Es la típica y vieja política clientelar, de pagar a amigos y conocidos, y genera un círculo vicioso, porque alimenta estados de opinión que reivindican políticas afines a la ideología de Colau".

Desde ERC aseguraban entonces: “No nos sorprende el aumento porque el Ayuntamiento se ha vuelto un espacio donde la coincidencia ideológica con los comunes es la mejor forma de aumentar las ayudas”. 

Por entonces el PSC que no gobernaba con Colau afirmaba "hace como alcaldesa lo que criticaba como activista: para los amigos, vía directa". 

Mientras que desde el PP se afirmaba “Ada Colau pone las subvenciones municipales y los recursos públicos al servicio de entidades afines ideológicamente, demostrando su sectarismo excluyente y perjudicando a aquellas otras entidades de barrio, como el comercio, que sí que prestan servicios a la ciudad”.

NO ES LA PRIMERA DENUNCIA CONTRA LA ALCADESA POR SU POLÍTICA DE SUBVENCIONES

Esta no es la primera denuncia contra la alcaldesa que tuvo que enfrentarse en marzo del año pasado a la misma cuestión y cargo de presunta malversación y prevaricación en la entrega de subvenciones.

En aquella ocasión fue el grupo Abogados Catalanes por la Constitución quién la denunció ante la Fiscalía de Barcelona  y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales. En concreto, 3,4 millones de euros.

En la denuncia se le atribuía  presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias, y se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).

Además de en Colau, la denuncia recaía en la exconcejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades. Posteriormente, la entidad amplió su denuncia contra dos aforados: el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, y el miembro de la Mesa Gerardo Pisarello, quienes fueron miembros del equipo de gobierno de Colau en el anterior mandato municipal.

El escrito recogía la concesión de subvenciones extraordinarias que, al parecer de los denunciantes, "son parte de una continuidad y habitualidad absolutamente contrapuesta al término de excepcionalidad o extraordinaria", y que presuntamente se usaron para esquivar una licitación abierta o un concurso para concederlas.

Presuntamente "se trata de una subvención recurrente y anual, que sin embargo se ha concedido presuntamente por designación directa, y al margen de cualquier principio de concurrencia pública" justificándolo como una subvención excepcional, según la denuncia.

"Solo cabe interpretarlo, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva de otras entidades y la libre licitación", lo que, en palabras de los denunciantes, sería presuntamente una forma de desbordar el límite de contrataciones discrecionales a que tiene derecho Colau como alcaldesa.

FISCALÍA ARCHIVÓ LA PRIMERA INVESTIGACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ALCALDESA

Miembros de la Fiscalía de Barcelona/ @EP

En junio, sin embargo, la Fiscalía de Barcelona archivó la investigación que abrió a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a los diputados del Congreso y exconcejales Jaume Asens y Gerardo Pisarello, por subvencionar con 3,4 millones de euros a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política.

Tras las diligencias practicadas el ministerio público dió carpetazo a la investigación, al no hallar indicios de delito en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La denuncia señalaba que los tres dirigentes de Barcelona en Comú trabajaron o colaboraron hasta su salto en la política con el Observatorio DESC, que había recibido 1,2 millones de euros por parte del consistorio barcelonés. De hecho, en su ampliación, la asociación mantenía que los diputados de Podemos, junto a Colau y el resto de denunciados podrían haber incurrido en un delito de organización criminal.

Los denunciantes sostenían además de que las subvenciones a estas entidades se concedieron de forma irregular, puesto que fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece "manifiestamente" de competencias. Según el colectivo de abogados, las ayudas fueron directas para esquivar una licitación abierta o un concurso para otorgarlas, con la justificación de su carácter excepcional. "Solo se puede interpretar, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva otras entidades", recalcaba la denuncia.

De las subvenciones que se han investigado, corresponden 1.201.892,66 euros al Observatorio DESC y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. La última partida, por un importe de 324.600 euros, fue concedida en enero de este 2021 de manera “excepcional”, mediante una aparente “designación directa”, amparándose en la renovación de un convenio bianual cuestionada por la intervención municipal, según el colectivo de abogados. El motivo: "evitar los controles propios de una licitación abierta".