La abogacía catalana se adhiere al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir

y dar su apoyo a la Comisión de estudio sobre el 'derecho a decidir' porque considera "perfectamente viable" encontrar un marco jurídico legal que permita realizar una consulta.

"Desde el punto de vista jurídico, consideramos que podría encontrarse un marco perfectamente legal y adaptado a la realidad social para poder realizar una consulta", ha manifestado el presidente del Cicac, Miquel Sàmper, en un comunicado.

También ha calificado de "lógico y de sentido común" que las leyes se adapten a las necesidades de la sociedad, y ha declarado que consultar a los ciudadanos, que es un derecho inalienable de todos, es una cuestión únicamente de voluntad política.