Miembros del Col·lectiu Ronda denuncian que el ICAM deniega la incapacidad a enfermos crónicos
Nati era administrativa contable. "Hace un año y medio que tuve un ictus cerebral y un trombo en la cariótida --cuenta--. Hace tres que sufrí un infarto de corazón por disección coronaria". Además, padece migrañas de más de cinco días de duración, se olvida de las cosas, tiene problemas digestivos y, en algunas ocasiones, ha tenido que usar pañal. Debe visitar al médico entre tres y cuatro veces por semana. El último año y medio ha subsistido con 300 euros de pensión. "Denuncié al ICAM porque me mantuvo la baja para no darme la incapacidad argumentando una "posibilidad de mejora". Por si fuera poco, en septiembre me dieron el alta", explica la joven, que acaba de quedarse sin la pequeña ayuda que recibía del Estado.
"Estoy aquí para protestar por la crueldad del ICAM. Esto es un drama diario: cada día sale gente llorando. No son médicos, son verdugos", lamenta Nati. "Sabemos que los médicos que trabajan en esta institución reciben incentivos y pluses por dar altas", asegura.
A su lado se encuentra Verónica Álvarez, de 30 años. Lleva casi dos de baja, con infecciones constantes de orina al tener una "vejiga hiperactiva" y padecer una "obstrucción" en la misma. "Debo sondarme seis veces al día, padezco dolor crónico y he de tomar una medicación que me deja drogada", explica Verónica, a quien, pese a todo, el ICAM dio el alta en abril. En lo que va de año, esta mujer, a la que denegaron la incapacidad en dos ocasiones, ha estado 11 veces en urgencias.
A los males que estas personas sufren se les suma, a menudo, la depresión, ante la ausencia del apoyo que necesitan. Tanto Nati como Verónica la padecen.
"INTERÉS ECONÓMICO"
El Col.lectiu Ronda, una cooperativa nacida hace 41 años para defender los derechos de los trabajadores, ha venido denunciando en los últimos años el "maltrato" que sufren los enfermos por parte del ICAM, entidad que depende del Departament de Salut y que se encarga de los controles de las incapacidades temporales. Miguel Arenas, abogado, es miembro de Ronda, y a las puertas del ICAM, junto a Nati, condena el "interés económico" que existe tras las determinaciones de esta institución.
"Para que Nati consiga la baja, debe incorporarse al trabajo. Pero ella no está capacitada laboralmente para ello. Es algo perverso", cuenta este abogado laboralista. A juicio de Arenas, lo que el ICAM hace es un "seguimiento sistemático contra la gente que tiene una baja médica". Pero ¿cuál es la motivación que está detrás de todo esto?
Miguel Arenas lo tiene claro: "Entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Generalitat [de la cual depende el ICAM] se aprobó en el 2013 un convenio [en concepto de control de la incapacidad temporal de contingencias comunes] de 60 millones de euros. Una barbaridad". Arenas asegura que en su momento --solo hay datos hasta el 2013-- el ICAM gastaba anualmente unos cinco o seis millones --frente a los 60 que ingresó hace dos años--. "Es decir, un negocio redondo", explica el abogado, quien añade que en el BOE del 2012 la Generalitat le exigía al Institut Català d'Avaluacions Médiques un 46% de altas médicas.
La revista Crític desveló el pasado junio que el ICAM deniega un porcentaje cada vez mayor de las peticiones de invalidez permanente que le llegan. Frente a las 5.933 (el 27,39% del total recibido) del 2008, están las 9.549 (el 40% del total) del 2013. Aunque lo que hace el ICAM es una propuesta, el INSS --que es quien decide-- siempre le acaba haciendo caso, recoge Crític.
En opinión de Arenas, tras este modus operandi se encuentra no solo la privatización progresiva de la sanidad pública, sino también una "criminalización del trabajador, que se convierte en sospechoso por sistema". Y añade: "Catalunya es pionera, en toda España, de este control excesivo de la incapacidad laboral".
"AHORRAR EN SUBSIDIOS"
Josep Maria García tiene 44 años y, desde hace tres lustros, está afectado por el Síndrome de Sensibilidad Central --fatiga crónica, fibromialgia y migraña--. Debe estar constantemente con una máscara de carbón activo que filtra el aire. "No tolero las colonias, el tabaco, el humo de los coches", cuenta. Hace dos años que acudió al ICAM, donde le dijeron que no tenía nada. "En el 2013 fui a juicio y conseguí la incapacidad absoluta, pero la Seguridad Social recurrió y me la rebajaron a la total", rememora Josep Maria.
La diferencia entre una y otra es que la incapacidad absoluta determina que al enfermo, que no puede trabajar, le queda el 100% de la base reguladora. Con la incapacidad total, le queda solo el 55%, y esta determina que el enfermo sí puede trabajar, pero en una actividad diferente a la anterior.
"Yo no puedo siquiera salir a la calle", se queja este hombre. "El 1 de abril de este año aporté al ICAM nuevos informes que certificaban un empeoramiento de mi salud". Informes que, por algún motivo, no figuran en la evaluación remitida por este organismo. "El ICAM oculta los problemas médicos aportados por profesionales de la salud. Lo hacen para no dar la incapacidad al enfermo y, así, ahorrarse en subsidios", opina García. "Atienden a razones económicas, más que a médicas y humanas".
Como Nati, Josep Maria también denuncia que los médicos del ICAM "cobran incentivos económicos" por el número de altas que dan. "Se sabe que el Institut debe cubrir objetivos", cuenta este hombre, quien aprovecha para denunciar que los dos guardias urbanos juzgados y condenados por torturas en el caso 4F --el cual se narra en el documental Ciutat Morta-- cobran paradójicamente una pensión gracias al ICAM, que les concedió la incapacidad médica.
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