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Prosiguen las investigaciones en el juzgado de Instrucción número 5 de Badalona sobre la incineradora de Sant Adrià de Besòs tras una denuncia presentada a finales de marzo por la Fiscalía y que fué admitida a trámite.

La causa ha sido abierta tras la iniciativa del fiscal, que denunció la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el funcionamiento de esta incineradora, que gestiona la empresa pública Tersa.

Las pesquisas que realiza en estos momentos el juzgado de Badalona indagan sobre cómo es el funcionamiento de la incineradora y para ello el juez ha solicitado diversa documentación que se espera no esté disponible antes de 4 o 5 semanas y que se entiende servirá para hacer avanzar las diligencias de investigación.

EMISIONES CONTAMINANTES QUE PONEN EN “GRAVE RIESGO” LA SALUD PÚBLICA

La denuncia de la Fiscalía que está estudiando el juzgado de Badalona se presentó en marzo pasado tras otra denuncia que en 2018 formuló la coordinadora vecinal Airenet, que sostenía que la incineradora estaba funcionando de forma irregular. Esta entidad vecinal representa a asociaciones y entidades de los municipios de Badalona, Sant Adriá del Besòs y Badalona.

Alertan de que la incineradora de residuos de Sant Adrià superó límites de dioxinas en 2017

La iniciativa del Ministerio Público señalaba como posibles responsables del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que se habría cometido al presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la empresa.

Eloi Badia y sus "delitos ecológicos" en el Área Metropolitana de Barcelona

El fiscal señalaba en su escrito ante el juzgado que el “mal funcionamiento” de la incineradora, de acuerdo con “informes publicados en revistas científicas”, estaría generando “unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados, lo cual suponía un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas” que habitan en las proximidades de la planta.

La planta objeto de la denuncia es un 41% propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y un 59% del Área Metropolitana de Barcelona.